Sentencia Constitucional Nº 13/2022, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2113/2020 de 07 de Febrero de 2022

Promovido por doña Sara Bejarano Brioso respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de Badajoz que acordaron el sobreseimiento provisional de su denuncia por un delito contra la integridad moral.Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de malos tratos que se dicen sufridos bajo custodia policial (STC 34/2008).La demandante de amparo denunció haber sufrido un registro corporal con desnudo integral durante su detención policial. Pese a la realización de varias diligencias —identificación y declaración de agentes, examen de grabaciones de audio, recepción de informes policiales y médicos—, un juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial de Badajoz acordaron el sobreseimiento provisional al considerar que los hechos denunciados no permitían tener debidamente justificada la perpetración de un atentado a la integridad moral.Se otorga el amparo en aplicación de la doctrina sintetizada en la STC 34/2008, de 25 de febrero, y recogida en la STC 166/2021, de 4 de octubre, sobre el deber de investigación judicial eficaz ante una denuncia de torturas, tratos inhumanos o degradantes que se dicen sufridas bajo custodia policial. En esta ocasión, la investigación realizada de la conducta policial, considerada por la recurrente como excesiva y atentatoria a su dignidad, no fue suficiente puesto que se cerró cuando existían medios de instrucción disponibles e idóneos para el esclarecimiento de los hechos. En particular, debiera haberse citado en declaración presencial y contradictoria a la agente policial que realizó el registro corporal y, en función del resultado de tal diligencia, pronunciarse fundadamente sobre la procedencia, o no, de la realización de una prueba pericial adicional sobre los ficheros de audio que la demandante grabó durante su estancia en dependencias policiales.