Sentencia Constitucional Nº 126/2021, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 5246/2020 de 03 de Junio de 2021

Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 137 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.Principio de legalidad penal (taxatividad) en relación con el derecho a la participación política: interpretación conforme del precepto legal que prevé la imposición de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.Se cuestiona la constitucionalidad del artículo 137 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (en adelante, LOREG), que prevé la imposición de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo en el caso de que se cometa cualquier delito electoral de los previstos en los artículos 139 a 150LOREG.Se desestima la cuestión de inconstitucionalidad. El precepto legal controvertido no vulnera el principio de taxatividad, componente material del derecho a la legalidad penal ni, por extensión, el de participación política en relación con el carácter de la pena. La referencia a la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo del texto electoral debe interpretarse como una remisión a la regulación de esta pena prevista en el Código penal, remisión que se corresponde con lo previsto en el artículo 9 de este código por la aplicación de sus disposiciones a los delitos que se hallen penados en leyes especiales. Así, el artículo 138LOREG, en coherencia con la consideración del capítulo octavo de la misma como ley penal especial, remite a la aplicación del Código penal en lo que no se encuentre expresamente regulado en este capítulo. En consecuencia, dado que el artículo cuestionado no define expresamente cuál es el marco legal de aplicación de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la remisión a la regulación del Código penal colma la supuesta laguna al establecer que dicha pena tendrá la duración que respectivamente tenga la penal principal cumpliendo de este modo las exigencias de predeterminación normativa y certeza que se derivan de los preceptos constitucionales.