Sentencia Constitucional Nº 113/2019, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2882/2019 de 03 de Octubre de 2019

Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de los apartados tercero y sexto del artículo único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.Competencias sobre medio ambiente y evaluación ambiental: nulidad del precepto autonómico que somete a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas aprobados por el Consejo de Ministros; interpretación conforme de la referencia a las administraciones públicas en la delimitación del ámbito de aplicación de las evaluaciones ambientales.Se enjuicia la constitucionalidad de los apartados tercero y sexto del artículo único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. Los preceptos impugnados prevén que los planes y programas adoptados o aprobados por el Estado, sean sometidos a evaluaciones de impacto ambiental estratégicas por las autoridades autonómicas. Se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad. Por una parte, se declara inconstitucional y nula la regulación que somete unilateralmente las obras y proyectos del Estado a las distintas modalidades de evaluación ambiental autonómica. Las evaluaciones ambientales tienen naturaleza instrumental, lo que puede conllevar que una misma actividad se rija por umbrales de impacto más o menos severos, o incluso estar sometida a evaluación en unas comunidades y excluida en otras. Por otra parte, se establece la interpretación conforme de dos preceptos. El primero, para que la referencia a la “administración pública” se interprete como la administración autonómica, insular o local de las Illes Balears, sin comprender a la Administración General del Estado. El segundo, para que se interprete que los proyectos que pueden ser objeto de evaluación de impacto ambiental estratégica sean exclusivamente los de las administraciones autonómicas, sin comprender a los correspondientes al Estado.