Sentencia Constitucional Nº 102/2013, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 6883/2010 de 23 de Abril de 2013

Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con los artículos 18.5 y 35 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.Competencias sobre régimen energético, medio ambiente y espacios naturales protegidos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos al suministro de energía eléctrica a los usuarios (STC 18/2011) y al régimen de concesiones y autorizaciones de actividades de servicios en los parques nacionales (STC 101/2005).Se examina la posible vulneración de las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución por parte de dos disposiciones normativas. Por un lado, la que confiere potestad al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para transferir los clientes a un comercializador eléctrico de último recurso si las empresas comercializadoras no cumplen con sus obligaciones de contratación, pago y garantía frente al sistema eléctrico. Por otra parte, la que establece los principios, criterios y condiciones a los que han de someterse las concesiones y autorizaciones de actividades de servicios en los parques nacionales. Se desestima el recurso. En aplicación de los criterios sentados en la STC 18/2011, de 28 de septiembre, la atribución de esta competencia ejecutiva al Gobierno de la Nación se fundamenta en que constituye una medida dirigida a preservar lo básico en materia de suministro eléctrico, estando obligado a justificar este carácter materialmente básico siempre que recurra a esta potestad. Del mismo modo, resulta relevante para el desarrollo de la actividad económica del país y para la ordenación general de la economía, y no impide la adopción y desarrollo de otras medidas por la Comunidad Autónoma. Tampoco existe vulneración en el establecimiento de condiciones para las actividades de servicios en los parques nacionales. Conforme a la doctrina contenida en la STC 101/2005, de abril, se trata de una regulación básica, que fija un nivel de protección mínimo homogéneo que puede ser incrementando a través de normativa autonómica.