Sentencia Civil 736/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4151/2020 de 27 de mayo del 2024

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. El 9 de abril de 2014, Anfi Sales, S.L. (como promotor), Anfi Resorts, S.L. (como empresa de servicios) y D. Fermín y D.ª Mariana (como socios) firmaron un contrato de asociación, con referencia NUM000, por el que los socios adquieron, por un periodo ilimitado de tiempo, "el Derecho de Tiempo Compartido en Anfi Beach Club, el cual otorga el derecho de utilizar una Suite del Resort, en conformidad con los Términos y Condiciones adjuntos" y con las características descritas a continuación:

2. El 20 de octubre de 2017, D. Fermín presentó una demanda frente a Anfi Sales, S.L. y Anfi Resorts, S.L. instando la nulidad del mencionado contrato y la condena de las demandadas en los términos que hemos recogido en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

En la demanda se dice, en relación con la afirmada nulidad radical del contrato, que:

"El contrato de mi mandante está suscrito por un periodo ilimitado de tiempo; adolece de falta de determinación en el objeto sobre el cual recaen los derechos transmitidos, no informa de los derechos de los contratantes y además, mi mandante realizó pagos anticipados en los primeros tres meses, cuando está prohibido por la Norma Imperativa.".

3. La sentencia de primera instancia, que estima en parte la demanda, declara la nulidad del contrato y condena a Anfi Sales, S.L. a pagar al demandante un total de 17 572,51 libras, más el interés legal desde la interposición de la demanda, todo ello sin verificar expresa condena en costas.

El juzgado considera que el contrato es nulo por comercializar un derecho de aprovechamiento por turno, tras la entrada en vigor de la Ley 42/1998, sin limitación temporal, y que, sentado lo anterior, resulta innecesario analizar los demás motivos de nulidad. Dice, además, sobre el pago de anticipos, partiendo de la prohibición establecida en el art. 13.1 de la Ley 4/2012 y de la aplicación al caso del art. 12.2.c) de la misma ley, y considerando probado que la totalidad del pago exigido en el contrato se llevó a cabo antes de haber transcurrido tres meses desde su firma, que Anfi Sales, S.L. debe pagar al demandante el duplo de las cantidades abonadas anticipadamente.

4. La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por Anfi Sales, S.L. y Anfi Resorts, S.L.

La Audiencia Provincial considera, como el juzgado, que el contrato es nulo por comercializarse un derecho de aprovechamiento por turno, tras la entrada en vigor de la Ley 42/1998, sin limitación temporal. Entiende que este criterio es el que se ajusta a lo declarado por la sentencia de esta sala 774/2014, de 15 de enero, cuya doctrina, dice, "[s]e mantiene constante hasta la actualidad siendo buena muestra la reciente STS de 30-1-2018, n.º 49/2018, rec.1977/2016 [...]".

Además, el tribunal de apelación afirma que el contrato también es nulo por la indeterminación del objeto. Dice que ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la nulidad de la "conocida modalidad "súper red" de la que se sirven las apelantes en sus contratos [...]" y, en este sentido, menciona una sentencia de 12 de enero de 2018 en la que expone que las exigencias de la norma imperativa del art. 9.1.3º de la Ley 42/1998, que también se contienen en el art. 30.1.3º de la Ley 4/2012, y que es la que rige en la actualidad dichos contratos, no se colman con la indicación de que el alojamiento es de categoría flotante y puede ser ocupado en temporada "Súper Roja" por cuatro personas y tiene un dormitorio.

Finalmente, la Audiencia Provincial rechaza dejar sin efecto la condena derivada de la prohibición del pago de anticipos, ya que frente a lo alegado por las apelantes "[d]eben prevalecer las consideraciones de la sentencia (fundamento de derecho vigésimo, página 21)", que exponen la existencia del pago -único- que se verificó por el demandante en período prohibido.

5. Las entidades demandadas y apelantes (ahora recurrentes) han interpuesto un recurso de casación por interés casacional que ha sido admitido y al que el demandante y apelado (ahora recurrido) se ha opuesto.

SEGUNDO. Motivos del recurso. Decisión de la sala

Motivos del recurso

1. El recurso de casación se funda en cinco motivos.

1.1 El motivo primero se introduce con el siguiente encabezamiento: "Determinación del objeto: el contrato impugnado tiene un objeto válido y suficientemente determinado. La Sentencia vulnera lo dispuesto en la Ley 4/2012 sobre el objeto de los contratos de aprovechamiento por turno. La Sentencia vulnera lo dispuesto en la Directiva 2008/122/CE sobre el objeto de los contratos de aprovechamiento por turno y la posibilidad de que recaigan sobre uno o varios alojamientos".

En el desarrollo del motivo, las recurrentes dicen:

i) Que la sentencia impugnada vulnera el art. 2 y el anexo I tanto de la Ley 4/2012 como de la Directiva 2008/122/CE, ya que el contrato impugnado tiene un objeto válido y suficientemente determinado de conformidad con dichas normas en las que se contempla la posibilidad de que el derecho de aprovechamiento por turno se refiera a uno o varios alojamientos, que es, precisamente, lo que sucede en el contrato litigioso, ya que los recurridos adquirieron un derecho para utilizar un alojamiento flotante pero únicamente dentro de los 282 apartamentos del complejo Anfi Beach Club que fueron perfectamente identificados en el contrato impugnado, y que, adicionalmente, se les entregó un formulario normalizado, conforme a los términos del anexo I de la ley y directiva mencionadas, que también describe el complejo Anfi Beach Club.

ii) Que el contrato y la información facilitados a los recurridos identificaron y describieron en profundidad el complejo donde se podían alojar los clientes y que es en ese complejo en el cual han podido disfrutar de su alojamiento, habiéndose acreditado que podían utilizar sus derechos en Anfi Beach Club y reservar el alojamiento no en una semana concreta del año, sino en diversos periodos determinables a lo largo de este, igual que cuando alguien reserva en un hotel.

iii) Y que la sentencia dictada por esta sala el 15 de enero de 2015 y la doctrina emanada de ella únicamente se puede referir a los nuevos regímenes creados conforme a la Ley 42/1998, no resultando de aplicación a los regímenes preexistentes; que, aunque sí lo fuera, no implicaría la nulidad de los derechos flotantes; que hay una identificación suficiente del alojamiento cuando se identifica un complejo o complejos concretos en los que utilizar el derecho de aprovechamiento; y que, independientemente de lo anterior, dicho debate sería solo para los contratos sujetos a la Ley 42/1998, pero no para los contratos sujetos a la Ley 4/2012, dado que la redacción de esta es radicalmente distinta a la de aquella y sí que permite que los contratos de aprovechamiento por turno recaigan sobre uno o varios alojamientos.

En definitiva, para las recurrentes "[l]a Sentencia aplica incorrectamente tanto la Ley 4/2012 como la interpretación debida conforme a la Directiva", ya que "[d]eclara la nulidad del contrato por aplicación de la doctrina que emanada de sentencias que versan únicamente sobre la interpretación del objeto de los contratos de aprovechamiento por turno a la luz del artículo 9.1 apartado 3.ª de la Ley 42/1998. No cita ni un solo precepto de la Ley 4/2012 para sostener dicha declaración de nulidad de contrato. Sin embargo, mis mandantes sostienen que el contrato sí cumple con las disposiciones de la Ley 4/2012, en la medida que dicha ley permite que haya contratos que recaigan sobre un conjunto de alojamientos (artículo 2 y Anexo I de la Ley), lo cual además es conforme con la Directiva (artículo 2 y Anexo I de la Directiva).".

1.2 El motivo segundo se introduce con el siguiente encabezamiento:

"Vulneración por parte de la Sentencia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley 4/2012 a los contratos de tiempo compartido concertados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2012, por aplicar una doctrina jurisprudencial que es de aplicación a la Ley 42/1998 pero no a la Ley 4/2012".

En el desarrollo del motivo, las recurrentes dicen:

i) Que el contrato se firmó el 9 de abril de 2014 y que, por lo tanto, la aplicable no es la Ley 42/1998, sino la Ley 4/2012.

ii) Que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la Ley 42/1998 se puede seguir aplicando a contratos sujetos a la Ley 42/1998, pero no a contratos sujetos a la Ley 4/2012.

iii) Y que al aplicar al presente caso la doctrina jurisprudencial dictada por el Tribunal Supremo sobre la Ley 42/1998, la Audiencia Provincial está vulnerando la disposición final cuarta de la Ley 4/2012 y la disposición derogatoria del Real Decreto Ley 8/2012, así como los arts. 9.1 y 9.3 CE y 2.1 y 2.2 CC.

1.3 El motivo tercero se introduce con el siguiente encabezamiento:

"Vulneración por parte de la Sentencia de los términos de la Disposición Transitoria Única (apartado 3) de la Ley 4/2012 sobre la duración de los contratos de aprovechamiento por turnos concertados una vez vigente la Ley 4/2012 que se refieran a regímenes preexistentes".

En el desarrollo del motivo, las recurrentes dicen que a la fecha del contrato litigioso la que estaba en vigor no era la Ley 42/1998, sino la Ley 4/2012, y que esta, en su DT única, deja muy clara la posibilidad de que los regímenes preexistentes puedan ser por tiempo indefinido, si así se hizo constar en la escritura de adaptación, como fue el caso presente.

1.4 El motivo cuarto se introduce con el siguiente encabezamiento:

"Vulneración por parte de la Sentencia de los términos del art. 13 de la Ley 4/2012 sobre la determinación de los llamados anticipos, al haber aplicado al presente caso, de manera indebida, el art. 11 de la Ley 42/1998".

En el desarrollo del motivo, las recurrentes dicen que, pese a que el contrato se firmó el 9 de abril de 2014 y, por lo tanto, es de aplicación la Ley 4/2012, la sentencia recurrida aplica, en lo concerniente a la devolución de los anticipos, el plazo de 3 meses de la Ley 42/1998 en lugar del plazo de 14 días del art. 13 de la Ley 4/2012.

1.5 El motivo quinto se introduce con el siguiente encabezamiento:

"Necesidad de que el Tribunal Supremo siente doctrina sobre la determinación del objeto de los contratos de aprovechamiento por turno a la luz de la Ley 4/2012 y sobre la aplicación de la Disposición Transitoria Única (apartado 3) de la Ley 4/2012 a los contratos de tiempo compartido o de aprovechamiento por turnos suscritos con posterioridad al 8 de julio de 2012 que se refieran a derechos en regímenes preexistentes a la luz de la Ley 4/2012 a los efectos de determinar si cabe que sean por tiempo indefinido, así como para la determinación del régimen de los llamados anticipos a tenor del art. 13 de la Ley 4/2012.".

En el desarrollo del motivo, las recurrentes dicen:

i) Que el contrato litigioso fue suscrito el 9 de abril de 2014 y que cuando interpusieron la demanda, en el año 2017, la Ley 4/2012 no llevaba en vigor más de cinco años, y no existía (ni existe) una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa al objeto del contrato de aprovechamiento por turnos.

ii) Y que, por lo tanto, es procedente que el Tribunal Supremo dicte jurisprudencia sobre esta cuestión a la luz de la Ley 4/2012 y aclare si, conforme a la Ley 4/2012, caben contratos de aprovechamiento por turno en su modalidad flotante o no. Y que también procede que se pronuncie sobre los llamados anticipos del art. 13 de la Ley 4/2012 al existir una grave confusión con los anticipos regulados en el art. 11 de la anterior Ley 42/1998. Y, por exactamente las mismas razones, es procedente que dicte jurisprudencia sobre el apartado 3 de la DT única de la Ley 4/2012 y aclare si de conformidad con ella los contratos de aprovechamiento por turno que recaigan sobre derechos en regímenes preexistentes a la Ley 42/1998 y que se hayan concertado estando ya vigente la Ley 4/2012 pueden tener duración indefinida.

Decisión de la sala

2. Procede la inadmisión, y, por lo tanto, en este momento procesal, la desestimación del recurso de casación, sin que sea óbice que en su día fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero, 548/2012, de 20 de septiembre, 564/2013, de 1 de octubre, y 146/2017, de 1 de marzo), por las siguientes razones:

1.ª) En el encabezamiento de los motivos primero y segundo no se cita la norma infringida. Y en el primero, el tercero y el cuarto tampoco se identifica la modalidad de interés casacional invocado, a la que tampoco se hace mención en el desarrollo del motivo, no quedando justificada la concurrencia del interés casacional.

2.ª) El motivo primero, el segundo y el cuarto carecen manifiestamente de fundamento:

i) El primero, porque no respeta el ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia al plantear una cuestión nueva que se suscita en el recurso de casación por primera vez.

En este se defiende la determinación del objeto en el sistema flotante con el argumento de que la Ley 4/2012 permite que los contratos recaigan sobre un conjunto de alojamientos (artículo 2 y Anexo I de la Ley), lo cual además es conforme con la Directiva (artículo 2 y Anexo I de la Directiva).

Sin embargo, lo que las recurrentes plantearon y defendieron tanto en primera como en segunda instancia (páginas 40 a 41 de su escrito de contestación a la demanda y 16 a 18 de su escrito interponiendo el recurso de apelación) no fue eso, sino que el objeto del contrato estaba perfectamente determinado, ya que "Los actores contratan el derecho a ocupar una suite determinada una semana perfectamente determinada" y que "Se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 9 de la Ley, al describirse el complejo, el edificio, la suite, y la fecha en la que comienza y acaba la estancia".

Como dijimos en la sentencia 1818/2023, de 21 de diciembre, con cita, a su vez, de la 633/2022, de 29 de septiembre:

"La alegación [...] suscita una cuestión que no fue planteada ni en primera ni en segunda instancia. Por lo tanto, se trata de una cuestión nueva que no ha integrado el debate en las instancias y que, por ello, no procede examinar por vez primera en casación [...]".

Además, también es preciso observar:

Por un lado, que las recurrentes incurren en una llamativa contradicción al reprochar a la Audiencia Provincial que declare la nulidad del contrato aplicando una doctrina que se refiere únicamente al artículo 9 de la Ley 42/1998 cuando son ellas mismas las que invocan en su recurso de apelación el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos por dicho precepto.

Por otro lado, que en la sentencia recurrida se cita, en paralelo con el art. 9.1.3º de la Ley 42/1998, el art. 30.1.3º de la Ley 4/2012 que, según se desprende de lo razonado por la Audiencia Provincial, es el que rige el contrato, pero manteniendo, en lo que se refiere a la determinación de su objeto, las exigencias del anterior, exigencias estas que, según afirma, igualmente, no se colman con la indicación de que el alojamiento es de categoría flotante y puede ser ocupado en temporada "Súper Roja" por cuatro personas y tiene un dormitorio.

Y, finalmente, que en la ratio decidendi de la sentencia recurrida la nulidad del contrato por indeterminación del objeto se vincula no solo a la falta de especificación del alojamiento, sino del turno, de ahí la cita por la Audiencia Provincial de la sentencia de 12 de enero de 2018 y las menciones a las consideraciones de esta: "El "Certificado de Asociación" [...] se refiere al derecho a utilizar una suite "flotante", y el "Certificado de Afiliación" en Club Monte Anfi [...] alude al derecho a usar y disfrutar un apartamento de un dormitorio y "periodo semanal" - "unidad flotante temporada rojo súper". Además, en la cláusula número tres del "contrato para viaje y reserva" [...] se dice que "solamente se puede canjear este cupón mediante reserva por teléfono" (.), y que la "posibilidad de reserva depende de la disponibilidad"".

Pues bien, el alegato de las recurrentes, como ya dijimos en la sentencia 345/2024, de 11 de marzo, en la que examinamos la misma cuestión, no expone la forma en que se concretaría el goce efectivo de los turnos, y, además, la determinación de estos no guarda relación con la posibilidad de que los contratos recaigan sobre un conjunto de alojamientos.

ii) El motivo segundo también carece manifiestamente de fundamento, en este caso por no tener relevancia para la decisión del litigio atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida que también considera aplicable en el caso de la Ley 4/2012 la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del pleno de esta sala de 15 de enero de 2015, dado que, según argumenta, aquella también exige, al igual que antes hacía la Ley 42/1998, en su art. 9.1.3.º, la determinación del alojamiento sobre el que recae el derecho, en concreto, en su art. 30.1.3.º, lo que significa que para la sentencia recurrida sigue siendo aplicable dicha jurisprudencia, ya que los preceptos que cita de la Ley 42/1998 y de la Ley 4/2012 contienen normas jurídicas de igual o similar contenido.

iii) Por último, la carencia manifiesta de fundamento del motivo cuarto se produce porque la infracción denunciada se justifica arguyendo la aplicación indebida de una norma que ni siquiera ha llegado a ser aludida o mencionada por la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial no fundamenta su decisión sobre los efectos derivados del pago de anticipos en el art. 11 de la Ley 42/1998, sino en los arts. 13.1 y 12.2.c) de la Ley 4/2012, preceptos estos que, aunque no se citen expresamente, es claro que se han tenido en cuenta al estimar el tribunal de apelación que las consideraciones de la sentencia recurrida, que los aplica, debían prevalecer sobre las alegaciones de las recurrentes, cuyo recurso de apelación, además, tampoco se basó en lo que alegan ahora, sino en el art. 11 de la Ley 42/1998, cuya aplicación invocaban, lo que pone de manifiesto el carácter contradictorio de su alegato, así como en tres circunstancias más, de las que nada se dice ya: (i) el retraso desleal del derecho; (ii) la carga de la prueba; (iii) y la confusión con el concepto "doble" y "duplo".

3.ª) La inadmisión de los motivos primero y segundo determina que se inadmita el tercero por falta de utilidad, ya que su admisión y eventual estimación no tendría ningún efecto, puesto que la nulidad del contrato seguiría en pie, aunque se considerarse por tiempo indefinido, por la declarada indeterminación de su objeto.

4.ª) Por último, procede inadmitir el motivo quinto, porque no se funda en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (motivo único del recurso de casación), sino en la necesidad de que el Tribunal Supremo siente doctrina jurisprudencial (fin del recurso de casación por interés casacional que constituye su presupuesto).

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso a las recurrentes, con pérdida del depósito constituido para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).