Sentencia Civil Nº 73, Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 297/98 de 24 de Junio de 1998

El Tribunal Supremo en su sentencia del 31 de octubre de 1997 viene a reconocer que la aplicación con carácter retroactivo de la ley penal más favorable, principio básico del ordenamiento que nos ocupa, procede también cuando el trato normativo más beneficioso se debe a una modificación de las disposiciones de carácter administrativo que integran un precepto penal, en blanco y, a tales efectos, considera que el bloque normativo constituido por el Real Decreto 266/95 y la Ley orgánica 30/92, de 26 de noviembre resulta más beneficioso para la persona cuya objeción de conciencia ha sido reconocida, frente al constituido por el Real Decreto 20/1988 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, porque la nueva regulación _señala un plazo de un año desde el reconocimiento como objetor hasta el inicio de la prestación sustitutoria (art. 32.2), y el art. 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo recoge que las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido sólo implicarán la anulación del acto si así lo impusiera la naturaleza del término o plazo y la responsabilidad del funcionario causante de la demora si a ello hubiere lugar Del mismo modo, el Real Decreto 266/95 declara, en su Disposición Final primera, aplicable la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, sin perjuicio de las especialidades previstas en el Reglamento.