Sentencia Civil Nº 565, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 228 de 27 de Junio de 2000

JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA SOBRE DEMANDA DE TERCERÍA DE DOMINIO. La demanda de tercería se basa en un contrato de arrendamiento financiero o leasing, suscrito sobre vehículo embargado, entre la entidad mercantil de leasing en cuyos derechos y obligaciones se vino a subrogar la actora-tercerista como arrendadora  financiera, y los demandados esposos como arrendatarios financieros, en virtud del cual la primera cedía a los segundos el uso del camión antes mencionado por un tiempo determinado y por un precio cierto pagadero en varias mensualidades, estableciéndose al término del arrendamiento una opción de compra del vehículo en favor del arrendatario financiero por el precio o valor residual. La cuestión objeto de debate en el presente proceso radica en decidir si el contrato anteriormente mencionado constituye un verdadero contrato de arrendamiento financiero, cuál formalmente se presenta, o, si por el contrario, se trata en realidad de un contrato de compraventa a plazos y que se encubre bajo la apariencia de un leasing por las ventajas financieras y fiscales que reporta, cuál defiende la entidad ejecutante en el juicio ejecutivo y ahora demandada. En el presente supuesto, el valor residual o precio de la opción de compra del vehículo es ciertamente insignificante, y ésto, unido a otras circunstancias como el no muy largo período de cesión de uso del móvil, etc, alejan al contrato de la calificación de contrato de arrendamiento financiero, y tienden a corroborar la realidad de la existencia de un encubierto contrato de compraventa a plazos. Dado que la finalidad del juicio de tercería de dominio es la sustracción del bien embargado de la vía de apremio en función de un derecho dominical que se arroga el tercerista, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la de que la prueba del dominio de los bienes que sirve de fundamento a la acción corresponde al demandante, quién deberá acreditar, sin margen de duda, el derecho que invoca, en cuanto constituye el presupuesto inexcusable para el éxito de su pretensión. Tal requisito no resulta acreditado en el presente caso.