Sentencia Civil Nº 236/2014, Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2, Rec 307/2012 de 28 de Julio de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

TOLEDO

SENTENCIA: 00236/2014

Rollo Núm. ............. 307/2012.-

Juzg. 1ª Inst. Núm.... 2 de Illescas.-

J. Ordinario Núm.......... 1275/2009.-

SENTENCIA NÚM. 236

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMAD. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

Dª. INMACULADA ORTEGA GOÑI

En la Ciudad de Toledo, a veintiocho de julio de dos mil catorce.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 307 de 2012, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Illescas, en el juicio ordinario núm. 1275/09, en el que han actuado, como apelante SUR 2001 S.U.L., representado por el Procurador de los Tribunales Sra. María José Martín de Nicolás y defendido por Letrado Sr. Javier Toledo Martín; y como apelado Bernardino y Fidel , representado por el Procurador de los Tribunales Sr. José Pablo García Hospital y defendido por la Letrado Sra. Esther García Martínez.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL CANCER LOMA , que expresa el parecer de la Sección, y son,

Antecedentes

PRIMERO:Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Illescas, con fecha 19 de marzo de 2012, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: 'ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. Fidel y D. Bernardino contra la mercantil Sur 2001 Sociedad Unipersonal S.L. y, en sus virtud,

RESUELVO los contratos de compraventa firmados entre las partes días 2 de julio de 2005 y 14 de enero de 2006, por incumplimiento esencial de la vendedora y

CONDENO a la demandada, Sur 2001 Sociedad Unipersonal S.L. devolver a D. Fidel las cantidades recibidas a cuenta del precio, esto es, 21.926'82 €, y a D. Bernardino la cantidad de 60.926'82 €. En ambos casos, más los intereses calculados al 4% anual desde que los compradores entregaron a Sur 2001 Sociedad Unipersonal S.L. cada una de las cantidades a cuenta del precio. No se hace especial pronunciamiento en las costas del presente procedimiento'.

SEGUNDO:Contra la anterior resolución y por Sur 2001, S.U.L., dentro del término establecido, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.

SE CONFIRMAN Y RATIFICANlos antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

Fundamentos

PRIMERO: Se impugna la resolución dictada en la instancia sobre las mismas bases que sirvieron de soporte a su oposición a la demanda de resolución de los contratos suscritos por los demandantes con la hoy apelante, centradas en una divergente apreciación del resultado que arroja la prueba practicada en torno a la invocada concurrencia de una causa de fuerza mayorque provocó el retraso en la entrega o puesta a disposición de los compradores de las viviendas objeto de los contratos suscritos con aquellos, así como en una exégesis distinta en torno a la naturaleza o no esencial de la obligación de entregar la vivienda en el plazo convenido por las partes y sus efectos, esto es, si el retraso respecto del periodo de tiempo inicialmente fijado puede considerarse un incumplimiento esencial del contrato, capaz de legitimar la acción resolutoria ejercitada por los actores.

Esta Audiencia tiene declarado en ocasiones precedentes que la acción resolutoria fundada en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractualmente establecidas que contempla el art. 1124 del C.C . ostenta un carácter extraordinario o excepcional frente al principio general de la contratación que exige favorecer la subsistencia del vínculo negocial y el cumplimiento de lo validamente pactado ( art. 1091 C.C .), estando condicionada su estimación a la apreciación del concurso de una serie de requisitos que presuponen un incumplimiento injustificado, grave y culpable de su obligación por parte del accionado, de manera que no basta con cualquier infracción o defecto en la ejecución de la prestación, sino que se exige un incumplimiento relevante o cualificado que justifique la extinción de la relación obligatoria, por lo que debe ser aplicada restrictivamente ( SS.TS. 16 abril 1991 , 18 noviembre 1994 y 23 mayo 2000 ).

Considera la jurisprudencia que se da esa nota de gravedad cuando se frustra la finalidad de negocio, sin que sea necesario el dolo o una resistencia tenaz y persistente, ya que basta la constatación de un inequívoco y objetivo incumplimiento(SS.16 junio 1992, 20 junio 1993, 3 mayo 1994 y 10 mayo 2000).

Este incumplimiento resolutorio, no solamente ha de ser el pleno o absoluto, sino que también abarca el parcial o relativo. Así, en los supuestos de incumplimiento parcial cabe también, supuesto el carácter bilateral y oneroso del contrato, la posibilidad de pedir su resolución, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1124 del CC ., cuando, en realidad, el incumplimiento parcial sea de tal entidad que implique la frustración del fin del contrato o de las expectativas que impulsaron su celebración, afectando de manera fundamental o relevante, a la esencia objetiva del contrato y a la utilidad económica pretendida por las partes, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones de menor entidad, accesorias o complementarias que no impidan el mencionado fin económico del contrato en contra de las legítimas aspiraciones de la parte ( SS.TS. 20 diciembre 1977 , 23 marzo 1982 , 27 octubre 1986 , 6 noviembre 1987 , 10 mayo 1989 , 18 noviembre 1993 , 5 mayo 1997 , 26 julio 1999 y 23 mayo 2000 ).

La doctrina expuesta en los párrafos precedentes puede ser traída a colación en el supuesto de autos.

Así, es noción generalmente aceptada que la interpretación de un contrato (o de cualquier otro negocio jurídico en el que se da cuerpo a una concreta declaración de voluntad) constituye una actividad encaminada a indagar y reconstruir el sentido de la misma y debe ser entendida como medio dirigido a determinar cual fue la intención común de las partes en el momento en que se concluyó el negocio (interpretación subjetiva).

El principio rector de la interpretación contractual se sitúa, por tanto, en la búsqueda de la voluntad común (expresado en otras palabras, se trata de averiguar que es lo que se propusieron).

El Código civil alude reiteradamente a la 'intención de los contratantes' (art. 1281 , 1282 , 1289.2 º), interpretando la jurisprudencia que esa intención es la común, no la individual o subjetiva de cada uno de ellos. ( S. de 9 de diciembre de 1965 y 2 de febrero de 1972 ).

Concretado cual el fin, el primer elemento con el que contamos para realizar esa operación de inferencia de la voluntad común, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1281 nº 1, es el del tenor literal del contrato o negocio jurídico (sentido gramatical). Así ' si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas', traducida en la regla 'in claris non fit interpretatio'.

No obstante se restringe la eficacia de dicha regla al ordenarse en el párrafo 2º del art. 1281 que 'si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes prevalecerá ésta sobre aquéllas'.

Tal evidencia puede surgir del propio contexto del negocio jurídico (coincidente o no en el tiempo con su perfección) aclarando la realidad jurídica resultante de la literalidad de lo pactado.

Para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos coetáneos o posteriores al negocio ( art. 1282 CC .).

Enunciados los criterios de interpretación reseñados, la Sala comparte plenamente la apreciación que refleja el Juzgador de Instancia al analizar los términos del contrato, su recta interpretación, a la luz de la doctrina jurisprudencial, y la conclusión a la que finalmente llega cuando afirma que en el caso concreto se ha producido, para los compradores, la frustración del fin que pretendían lograr con la compra de las viviendas.

A nuestro leal entender, la concreción del momento temporal en el que debe tener lugar la entrega de las viviendas constituye un elemento esencial en la delimitación del contenido del contrato, pues define el tiempo en que el vendedor debe cumplir la prestación principal asumida por aquél e, igualmente, marca el momento en el que el comprador podría ejercitar cualquier acción fundada en un incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas.

La interpretación de la estipulación contenida en la cláusula tercera de los citados contratos de compraventa permite identificar la máxima diferencia posible en la entrega de la vivienda.

Así la expresión 'la vivienda adquirida será entregada a la parte compradora con anterioridad al mes de septiembre de 2007, fecha en la que el vendedor tiene prevista que se encuentren terminadas y figuren inscritas como fincas independientes en el Registro de la Propiedad' puede ser interpretada como una mera referencia orientativa, ahora bien, el hecho de que, a renglón seguido, se contemple la posibilidad de ser ampliado hasta un máximo de cuatro meses por causas propias de la construcción o porque no cuente el vendedor con la documentación administrativa correspondiente a pesar de haber sido presentada su solicitud, nos permite concluir que el periodo de gracia establecido en beneficio del vendedor no podría ir más allá de los cuatro meses máximos establecidos, esto es, con anterioridad al mes de enero de 2008, encontrándose legitimados los compradores para accionar contra el vendedor para, llanamente, dar por resuelto los contratos por incumplimiento de los plazos de entrega al amparo de lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula 3º antes citada.

Es notorio que la parte vendedora incumplió su obligación de entregar, no ya en el plazo pactado, sino también concluido el periodo de gracia concedido en su exclusivo beneficio, recordando que la lealtad contractual y la seguridad jurídica exigen que el contrato sea cumplido en sus propios términos en aplicación del principio 'pacta sunt servanda' salvo cuando concurran condiciones excepcionales (en las que podría operar la cláusula 'rebus sic stantiubus' por razones de equidad).

Como corolario de lo hasta aquí expuesto podemos concluir, en síntesis, que aparece suficientemente acreditada la existencia de un retraso significativo por el vendedor en el cumplimiento de las prestaciones comprometidas en virtud de los contratos celebrados válidamente con los compradores; revistiendo el incumplimiento, en estas circunstancias, relevancia suficiente para frustrar el fin del contrato o las expectativas que legítimamente impulsaron al comprador a celebrarlo, afectando de manera significativa a la esencia objetiva del mismo y a la utilidad económica pretendida con aquél, quebrando la justa reciprocidad y correspondencia entre las prestaciones asumidas por cada una, siendo legítima la voluntad declarada por el comprador de dar por resuelto el contrato, sin que, por otro lado, pueda ser apreciada la alegada fuerza mayor, que claramente no concurre en el caso de autos, dando aquí por reproducidos los argumentos reflejados en la sentencia impugnada en relación con dicho extremo en aras a la brevedad.

Abunda en esta consideración la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el día 21 de marzo de 2012, resolviendo un supuesto que guarda esencial identidad con el que hoy nos ocupa en la que se expresa que: 'La jurisprudencia de esta Sala, que ha abandonado hace tiempo las posiciones que, de una u otra forma, exigían una reiterada y demostrada voluntad rebelde en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, o, en otros casos, una voluntad obstativa al cumplimiento, para afirmar en la actualidad que basta atender al dato objetivo de la injustificada falta de cumplimiento o producida por causa no imputable al que pide la resolución, siempre que tenga la entidad suficiente para motivar la frustración del fin del contrato ( Sentencias de 7 de mayo de 2003 , 18 de octubre de 2004 , 3 de marzo de 2005 y 26 de noviembre de 2007 ), ha señalado también que la descripción de la conducta cumplidora o incumplidora de los contratantes son cuestiones de hecho reservadas a los órganos de instancia, cuyas declaraciones deben respetarse en casación a menos que se impugne en debida forma, alegando error de derecho cometido por aquéllos en la valoración de la prueba ( SSTS 8 de febrero de 1993 , 2 de diciembre de 1995 , 18 de julio de 1996 , 13 de febrero de 1998 , 11 de febrero de 1999 y 21 de marzo de 2002 , por citar solamente algunas)', para más adelante señalar ya en relación con el supuesto concreto que examina, que el desarrollo del motivo que viene centrado en que no hubo incumplimiento, sino un mero retraso en el cumplimiento de la obligación de otorgar la escritura pública, no puede aceptarse, en atención que venía pactado que se otorgaría como máximo el día 31 de julio de 2007, siendo ello un pacto que las partes han tenido por conveniente imponer, como dice el artículo 1255 del Código civil EDL1889/1 al proclamar el principio de autonomía de la voluntad y que debe cumplirse al tenor del mismo, como añade el artículo 1091 que consagra explícitamente la lex contractus y que ha destacado la jurisprudencia en numerosas sentencias, como las 6 de octubre 2005 , 5 de octubre de 2006 , 7 de febrero de 2007 , tratándose de un pacto explícito y no admite dudas: se fija el plazo de ejecución y se ha fijado por voluntad libre de las partes, se trata de un pacto expreso de tiempo de ejecución, cuyo cumplimiento no puede soslayarse: pacta sunt servanda y cuyo incumplimiento da lugar a la resolución, conforme al artículo 1124 del Código civil EDL1889/1 del que no se ha producido infracción alguna; más adelante recoge que la resolución de las obligaciones debe interpretarse de manera restrictiva y aun excepcional, lo cual es cierto, aunque también es cierto el principio, antes aludido de pacta sunt servanda y el incumplimiento que motiva la resolución no es el subjetivo, voluntad rebelde al cumplimiento, sino el objetivo 'bastando que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte', como dice la sentencia de 31 de octubre de 2006 o el 'hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e irreformable impide el cumplimiento de la obligación' matiza la de 26 de diciembre de 2006 y recuerda la de 10 de mayo de 2007 que 'la moderna doctrina jurisprudencial no exige para la estimación de una situación de incumplimiento una patente voluntad rebelde'.

La alegada fuerza mayorno concurre en el caso de autos puesto que, considerando como tal todo evento decisivo, impuesto, imprevisible, insuperable e inevitable por su ajeneidad, requiere para que pueda ser tenido en cuenta que sea de tal naturaleza que exima a una de las partes de un contrato del cumplimiento de la obligación asumida, lo que implica por su carácter excepcional que sólo deba apreciarse en aquellos supuestos que imposibilita el cumplimiento de la obligación y que no fueran previsibles, y, en el caso de autos, las posibles vicisitudes acaecidas con la entidad contratada para la construcción de la vivienda, no son constitutivas de fuerza mayor.( S.A.P. Valencia 21-10-2011 y S.A.P. Madrid 25-6-2012 )'.

SEGUNDO:La desestimación de los motivos de impugnación que guardan relación con la pretensión dirigida a este Tribunal para que sea revocada la sentencia y no acogida la acción resolutoria instada por los compradores, determina (implícitamente) por razones de pura lógica y congruencia, el rechazo de los motivos de impugnación que guardan relación con la desestimación de la demanda reconvencional, recordando que representa un criterio jurisprudencial consolidado (aunque parezca un trabalenguas) aquél que subraya que no tiene derecho a promover el cumplimiento forzoso de las obligaciones contraídas en virtud de los mismos (o su resolución con las indemnizaciones de los perjuicios sufridos) quien incumplió primero las propias y no es menos cierto que quien incumplió como consecuencia de un incumplimiento precedente imputable a la otra parte contratante, conserva ese derecho, pues la conducta del que incumplió primero le libera desde ese momento de sus obligaciones.

TERCERO:Que procede imponer a la parte recurrente las costas del recurso por aplicación del artículo 398 L.E.C .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMANDOel recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de SUR 2011, S.U.L. Debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Illescas con fecha 19 de marzo 2012 , en el procedimiento ordinario núm.1275/2009, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente a la recurrente.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional décimo quinta L.O. 1/09 se hace saber a las partes que no se admitirá a trámite ningún recurso, sino se justifica la constitución previa del deposito para recurrir en la cuenta de depósitos, lo que deberá ser acreditado.

Nº de c/c 4328 0000 + clave + nº de procedimiento y año.

Claves:

00 (reposición) (25 euros).

01 (revisión resolución secretario) (25 euros).

02 (apelación) (50 euros).

03 (queja) (30 euros).

04 (infracción procesal) (50 euros).

05 (revisión de sentencia) (50 euros).

06 (casación) (50 euros).

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. RAFAEL CANCER LOMA , en audiencia pública. Doy fe. En Toledo a 23 de septiembre de 2014.