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Sentencia CIVIL Nº 198/2018, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 3, Rec 552/2018 de 09 de Octubre de 2018
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Orden: Civil
Fecha: 09 de Octubre de 2018
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca
Ponente: FERNANDEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL
Nº de sentencia: 198/2018
Núm. Cendoj: 07040470032018100197
Núm. Ecli: ES:JMIB:2018:3337
Núm. Roj: SJM IB 3337:2018
Resumen
Voces
Daños y perjuicios
Carga de la prueba
Daños morales
Daños materiales
Transportista
Acción de reclamación de cantidad
Contrato de transporte aéreo
Relación contractual
Acción de reclamación
Competencia desleal
Publicidad ilícita
Daño indemnizable
Equipaje
Culpa extracontractual
Pérdida de equipaje
Actividad probatoria
Secuelas
Relaciones de vecindad
Derechos de la personalidad
Propiedad intelectual
Incumplimiento del contrato
Encabezamiento
-
TRAVESSA D'EN BALLESTER, 20 - PLANTA 4 - 07002 -
Equipo/usuario: G
Modelo: N04390
Procedimiento origen: /
DEMANDANTE D. Epifanio
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
DEMANDADO DELTA AIRLINES
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
En Palma de Mallorca, a 9 de octubre de 2018
Vistos por mí, don Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de los de esta ciudad y su partido, los autos de Juicio Verbal nº552/18, seguidos a instancia de D. Epifanio, contra la entidad mercantil Delta Airlines, declarada en rebeldía, habiendo versado el presente procedimiento sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, dicto la presente sentencia.
Antecedentes
Fundamentos
La parte demandante ejercita en el presente procedimiento una acción de reclamación de cantidad, con fundamento en el incumplimiento por la parte demandada del contrato de transporte aéreo que les ligaba en fecha 23 de diciembre de 2017 (para el trayecto Spokane-Salt Lake City-Amsterdam). En este sentido, alega que el avión, en el trayecto entre Salt Lake City y Amsterdam, tuvo que aterrizar en Minneapolis, desde hubo de ser reubicado en otros vuelos posteriores (con escala en Atlanta) para llegar a su destino final, llegando al mismo con más de 24 horas
En base a ello se reclama por la actora el abono 715,80 € como compensación por el daño moral y por los perjuicios sufridos.
Acreditado que nos encontramos ante una relación contractual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el
A ello hay que añadir que la actora ejercita la acción de reclamación de cantidades, para lo habrá que tener en cuenta el artículo
Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que a los actores les basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si las demandadas no se limitan a negar aquéllos sino que alegan otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades.
En definitiva, en términos generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración.
La solución de la controversia pasa, en primer lugar, por fijar el marco normativo aplicable al supuesto de autos.
En este caso las partes concuerdan que debe aplicarse el Convenio de Montreal, una vez que el avión partía de Estados Unidos y que su destino final era Amsterdam (que sí forma parte de un Estado miembro); asimismo no es objeto de discusión que Delta Airlines, compañía que efectuó el transporte, es una compañía no comunitaria. Por ello la conclusión que se alcanza es que es procedente aplicar el Convenio de Montreal. Y en particular las reglas de los art.19 y siguientes.
La actora solicita la indemnización de 715,80 por el daño moral y por los perjuicios sufridos.
Para solventar el litigio partimos del art.19 CM 1999 el cual reza lo siguiente: 'El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a un o y a otros, adoptar dichas medidas.'
De la lectura de dicho precepto se infiere la posibilidad de indemnizar a los pasajeros cuando exista un retraso en los vuelos; pero a diferencia de lo que sucede con el régimen del Reglamento 261/2004, la cuantificación de los perjuicios debe acreditarse por el pasajero, estableciendo el daño concreto, cuantificándolo y fijando el nexo de causalidad entre uno y otro. A partir de aquí surgen dos problemas en el marco de la petición cursada: si realmente se acreditan esos daños y si los mismos son indemnizables en el marco del CM 1999
Comenzando por lo segundo, debemos declarar que cuando el legislador fija el límite indemnizatorio en el art.22.1 CM 1999, se incluye tanto el daño material como el daño moral, como puede desprenderse de la argumentación contenida en la
'El término 'daño' subyacente al artículo 22, apartado 2, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, que fija el límite de responsabilidad del transportista aéreo por el daño resultante, en particular5, de la pérdida del equipaje, debe interpretarse en el sentido de que INCLUYE TANTO EL DAÑO MATERIAL COMO EL MORAL'.
A partir de dicha sentencia, resulta obligado interpretar el artículo 22 del Convenio de Montreal conforme señala el TJCE, y por tanto no es posible conceder indemnización adicional alguna por el concepto de daños morales en los casos de retraso, al margen del perjuicio efectivamente sufrido por los pasajeros.
Y aquí es donde entra el segundo de los problemas, el de la acreditación de ese daño, dado que le corresponde acreditarlo a quien lo invoca.
La condena por los daños y perjuicios que ahora se reclama, exige, con base en el CM 1999, la prueba de los mencionados daños y perjuicios, y que éstos han tenido su origen en el retraso.
En concreto para alcanzar esta conclusión debemos tener presente las siguientes ideas expuestas en la STS de 31 de mayo de 2000 que analiza un supuesto similar y recoge la doctrina jurisprudencial sobre el daño moral señalando: 'Se afirma, en sede de prueba, que la jurisprudencia exige acreditar la realidad y alcance del daño, esto es, su existencia y contenido o entidad, y que ello es aplicable al daño moral, y en armonía con tal alegación se pretende que en el caso no se dio cumplimiento a la exigencia jurisprudencial, lo que debe determinar la consecuencia desfavorable para el actor, por incumbirle la carga, de la denegación de su pretensión indemnizatoria.
La temática planteada, aunque relacionada con la doctrina general sobre la carga de la prueba del daño, presenta ciertas peculiaridades, sobre todo por la variedad de circunstancias, situaciones o formas (polimorfia) con que puede presentarse el daño moral en la realidad práctica, y de ello es muestra la jurisprudencia, que aparentemente contradictoria, no lo es si se tienen en cuenta las hipótesis a que se refiere. Así se explica que unas veces se indique que la falta de prueba no basta para rechazar de plano el daño moral (S. 21 octubre 1996), o que no es necesaria puntual prueba o exigente demostración (S. 15 febrero 1994), o que la existencia de aquel no depende de pruebas directas (S. 3 junio 1991), en tanto en otras se exija la constatación probatoria (s. 14 diciembre 1993), o no se admita la indemnización -compensación o reparación satisfactoria- por falta de prueba (S. 19 octubre 1996 EDJ1996/8164 ). Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo (s. 23 julio 1990, 29 enero 1993, 9 diciembre 1994 y 21 junio 1996), sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes, como destacan las Sentencias de 29 de enero de 1993 y 9 de diciembre de 1994. Cuando el daño moral emane de un daño material ( s. 19 octubre 1996), o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la 'in re ipsa loquitur', o cuando se da una situación de notoriedad (Ss. 15 febrero 1994, 11 marzo 2000), no es exigible una concreta actividad probatoria. (...)
Las sentencias del Tribunal Supremo han reconocido que el daño moral constituye una noción dificultosa (S. 22 mayo 1995), relativa e imprecisa (SS. 14 diciembre 1996 y 5 octubre 1998). Iniciada su indemnización en el campo de la culpa extracontractual, se amplió su ámbito al contractual (Ss. 9 mayo 1984, 27 julio 1994, 22 noviembre 1997, 14 mayo y 12 julio 1999, entre otras), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del 'pretium doloris' y los ataques a los derechos de la personalidad (S. 19 octubre de 1998). Cierto que todavía las hipótesis más numerosas se manifiestan en relación con las intromisiones en el honor e intimidad (donde tiene reconocimiento legislativo), los ataques al prestigio profesional (Sentencias 28 febrero, y 14 diciembre 1994, y 21 octubre 1996), propiedad intelectual (igualmente con regulación legal), responsabilidad sanitaria ( Sentencias 22 mayo 1995, 27 enero 1997, 28 diciembre 1998 y 27 septiembre 1999 ) y culpa extracontractual (accidentes con resultado de lesiones, secuelas y muerte), pero ya se acogen varios supuestos en que es apreciable el criterio aperturista (con fundamento en el principio de indemnidad), ora en el campo de las relaciones de vecindad o abuso del derecho, (S. 27 julio 1994), ora con causa generatriz en el incumplimiento contractual (Ss. 12 julio 1999, 18 noviembre 1998, 22 noviembre 1997, 20 mayo y 21 octubre 1996), lo que, sin embargo, no permite pensar en una generalización de la posibilidad indemnizatoria.
La situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico ( Sentencias 22 mayo 1995, 19 octubre 1996, 27 septiembre 1999). La reciente Jurisprudencia se ha referido a diversas situaciones, entre las que cabe citar el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual (S. 23 julio 1990), impotencia, zozobra, ansiedad, angustia (S. 6 julio 1990), la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (S. 22 mayo 1995), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (S. 27 enero 1998), impacto, quebranto o sufrimiento psíquico (S. 12 julio 1999).'
Aplicando la anterior jurisprudencia al caso de autos, hay que señalar en primer lugar que la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna para acreditar la realidad del mismo. Dentro de la dificultad que presenta la acreditación de ese elemento personal, y que la mera concurrencia de una de las causas previstas en la normativa internacional acerca del retraso no comporta la existencia directa e inmediata de ese impacto o zozobra, se hace preciso un acervo probatorio mínimo. Más aún cuando está al alcance de la parte acreditarlo. Y más aún cuando la compañía cumple con la obligación de trasladar al pasajero, haciéndose cargo del mismo en cuanto a las necesidades (así resulta por el hecho que no consta en la demanda que D. Epifanio hubiera tenido que hacer frente a ningún tipo de gasto por este concepto)
De hecho, la actora a través de la demanda, de los fundamentos de derechos que invoca, refiere que dichos daños no necesitan de acreditación, sino que se infieren de la propia realidad del retraso. Pero como acabamos de analizar ese planteamiento es erróneo.
Por todo ello una vez que no se prueban, no procede estimar la demanda al respecto.
Como tampoco podemos concederlos desde el prisma de la pérdida de un día de trabajo, dado que no se ha aportado ninguna prueba de ese hecho, pese a la carga que incumbe a la parte actora
Por ello procede desestimar la demanda.
En cuanto a las costas, dada la desestimación parcial de la demanda, procede imponerlas a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
Fallo
Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Epifanio, contra la entidad mercantil Delta Airlines, declarada en rebeldía, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de los pedimentos de la demanda. Todo ello con imposición de las costas a la actora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella no cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN.
Ver el documento "Sentencia CIVIL Nº 198/2018, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 3, Rec 552/2018 de 09 de Octubre de 2018"
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