Sentencia Civil Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2192/98 de 25 de Septiembre de 1998

Admitida la realidad de las operaciones de extracción de tierra, el punto esencial de debate es la existencia o no de autorización o consentimiento por parte de la Comunidad de Montes. Ese consentimiento ha de ser probado por el demandado y sorprende la escasa prueba propuesta con ese fin, pues se limita a la aportación de unos manuscritos firmados por unos supuestos comuneros, cuando es sabido la desconfianza que provocan ese tipo de documentos. Su limitado valor obliga al menos a la ratificación por vía testifical de todos sus extremos, tanto las circunstancias de la autorización como la condición de comuneros de los firmantes. Así regula que como mínimo existirían dos versiones contrapuestas entre los comuneros, sin que la parte demandada se haya preocupado de justificar la que le interesa, bien mediante la declaración de aquellos testigos que la favorecen o bien por la confesión de los demandantes. En conclusión, aquel documento no puede ser suficiente para acreditar un consentimiento de extracción por la Comunidad como tal, prueba que corresponde al demandado y cuya ausencia a él debe perjudicar por estimarse la demanda. Se estima el recurso.