Sentencia Civil 86/2023 Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1, Rec. 423/2022 de 14 de febrero del 2023

Primero.- Por la representación de Don Celestino y Doña Erica, en su calidad de propietarios de la finca número NUM001 situada en la planta baja del edificio n.º NUM000 de la CALLE000 de O Barco de Valdeorras, se ejercita en este procedimiento acción de impugnación del acuerdo adoptado por la comunidad de propietarios del inmueble el día 18 de diciembre de 2019 por el que se aprobó el presupuesto de la entidad Levagalia para la instalación de una plataforma elevadora salvaescaleras vertical, incluyendo obras de albañilería por importe de 19580 euros (IVA incluido), en el que se incluía también el cambio de la puerta del portal por otra nueva. Se impugna el acuerdo por los motivos contenidos en los apartados b) y c) del apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, referidos a que el acuerdo suponga un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o que se hubiera adoptado con abuso de derecho. La parte demandada se opuso a la demanda alegando la excepción de caducidad de la acción al haber transcurrido el plazo de tres meses desde la adopción del acuerdo hasta la presentación de la demanda; y en relación al fondo mantuvo que las obras en forma alguna comprometían la estructura del edificio, explicándose en la Junta las propuestas presentadas por varias empresas y que el espacio que se ocuparía con la instalación era un elemento común, no perteneciendo a los actores. En base a este último motivo formuló reconvención solicitando que se declarara que el hueco existente debajo del portal y trastero o cuarto del edificio desde la planta baja hasta el tejado del portal y trastero es un elemento común del edificio, condenando a los actores a dejarlo libre y a disposición de la comunidad de propietarios; o subsidiariamente, de no ser estimada tal pretensión, solicitó que se constituyese una servidumbre para la ocupación de parte de ese espacio para la instalación de una plataforma elevadora para la eliminación de barreras arquitectónicas, permitiendo el acceso al ascensor comunitario desde la vía pública; reconociendo en este caso a los reconvenidos el derecho a percibir la indemnización que fijase un perito, en fase probatoria o en ejecución de sentencia, por el establecimiento de la servidumbre.

Contestada la reconvención y celebrado el juicio se dictó sentencia desestimando la demanda por considerar caducada la acción de impugnación formulada, y mediante auto de complemento de la sentencia se estimó la reconvención declarando que el hueco existente debajo del portal y trastero del edificio, desde la planta baja hasta el forjado del portal y trastero, constituía un elemento común del mismo, condenando a los actores a dejarlo libre y a disposición de la comunidad.

Frente a dicha resolución se interpone por la parte actora el presente recurso de apelación en base a los siguientes motivos:

1. Error en la sentencia al valorar la inexistencia de contradicción entre el acuerdo impugnado y el apartado 4 de los estatutos de la comunidad.

2. Existencia de abuso de derecho en la adopción del acuerdo impugnado.

3. Incongruencia omisiva al no haberse resuelto la excepción planteada en relación a la indebida admisión de la reconvención por plantear una acción declarativa de dominio y reivindicatoria y, subsidiariamente, la acción confesoria de servidumbre, de naturaleza real, sin relación alguna con la acción personal de declaración de abuso de derecho.

4. Indebida apreciación sobre el carácter común del espacio al que se refiere la reconvención.

La parte demandada se opuso al recurso solicitando la confirmación de la resolución recurrida.

Segundo.- En el primer motivo del recurso se discrepa por la parte apelante del pronunciamiento por el que se declara la inexistencia de contradicción entre el acuerdo impugnado y el apartado cuarto de los estatutos de la comunidad referido al pago de los gastos de portal y escaleras. Como se ha señalado la acción que se ejercita en la demanda es una acción de impugnación de un acuerdo comunitario por dos motivos concretos: suponer un grave perjuicio a algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo y haberse adoptado con abuso de derecho.

No se plantea en la demanda la nulidad del acuerdo por hallarse en contradicción con lo establecido en el apartado 4 de los estatutos de la comunidad sobre la exoneración del pago de gastos del portal y escaleras y en general de todos los servicios que los propietarios de la finca número NUM001, los actores, no utilicen.

Se trata por tanto de una cuestión que aunque referida en la sentencia no fue incluida en la demanda ni conforma por tanto el objeto de litigio.

Se plantea así la cuestión referida al ámbito del recurso de apelación en nuestro sistema procesal; esto es, si se ha de contemplar como comprendido dentro del modelo de la apelación plena o el de la apelación limitada, o sea el que contempla la apelación como un nuevo proceso o como un sistema de revisión del primer proceso. Esta cuestión ha sido resuelta en nuestra doctrina jurisprudencial, destacando que no pueden tenerse en cuenta en el recurso, a fin de decidir sobre ellas, las pretensiones formuladas en el acto de la vista del recurso al no ser trámite procedente a tal propósito, pues el recurso de apelación aunque permite al Tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintas de las planteadas en la primera instancia.

La preclusión de las alegaciones de las partes es el sistema establecido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, que significa que las alegaciones de las partes en primera instancia que conforman el objeto procesal, impide que se puedan ejercitar pretensiones modificativas que supongan un complemento al mismo, impedimento que debe regir durante todo el proceso, tanto en primera instancia como en apelación. De conformidad con lo establecido en los artículos 400, 412 y 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un vez fijado el objeto del proceso, bien en la demanda, en la contestación o en la reconvención, éste ha de permanecer invariable e inmutable, pues de lo contrario se estaría admitiendo situaciones determinantes de indefensión al verse la parte contraria a aquella que modificó su posición privada de la oportunidad de debatir y defenderse frente a nuevas situaciones fácticas y jurídicas presentadas al margen de aquellas en las que se situó el núcleo de la litis.

En el recurso de apelación, la misma doctrina se contiene en el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que el recurrente ha de plantear el recurso con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el Tribunal de primera instancia, de lo que se infiere que el ámbito de la apelación no puede ser más amplio que el de las actuaciones que lo originan, quedando vedada la posibilidad de formular nuevas pretensiones.

El planteamiento por vía de recurso de cuestiones nuevas y que no han sido previamente debatidas en el pleito entraña una clara vulneración del principio "pendente apellatione nihil innovetur", que veda al Tribunal de apelación resolver alegaciones o problemas diferentes a los suscitados en primera instancia.

Lo expuesto es consecuencia de la prohibición de la "mutatio libelli" que rige en general el procedimiento a partir del cierre o preclusión del período alegatorio, tanto en lo que se refiere a los hechos como a la relación jurídica objeto de litigio, de manera que cualquier cambio o innovación de la cuestión controvertida, tal y como ha quedado definida por las partes, realizada extemporáneamente, conculca una garantía fundamental del proceso vinculada al derecho constitucional de defensa ( artículo 24 Constitución Española). En este sentido tiene declarado reiterada jurisprudencia que las cuestiones nuevas afectan al derecho de defensa, porque se han debido introducir en el proceso en su momento, conforme a los principios de eventualidad y preclusión, y van, además, contra los principios de audiencia bilateral y congruencia ( SSTS 20 de mayo de 2000, 2 de julio de 2002).

La cuestión planteada a través del motivo de recurso examinado no puede ser por tanto resuelta en esta alzada, limitándose el debate a la impugnación del acuerdo adoptado por la comunidad de propietarios por los motivos expresamente limitados en la demanda, contenidos en el artículo 18, n.º 1, apartados b) y c) de la Ley de Propiedad Horizontal, la cual se considera caducada, debiendo mantenerse al respecto lo establecido en el auto de medidas cautelares interesadas en este mismo procedimiento, dictado por esta Audiencia en fecha 10 de febrero de 2022, en el que señalábamos: "En la demanda se ejercita una acción de impugnación de un acuerdo comunitario en base a lo dispuesto en los apartados b) y c) del n.º 1 del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal; esto es, por resultar gravemente lesivo para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios y por suponer un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se haya adoptado con abuso de derecho.

Conforme al n.º 3 del citado artículo 18 la acción de impugnación de los acuerdos comunitarios caduca a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de Propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la Ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. En base a ello, alegándose como fundamento de la acción ejercitada la concurrencia de los supuestos contenidos en los apartados b) y c), el plazo de caducidad es de tres meses, que la parte actora indica en la demanda; no pudiendo ahora en apelación alegar nuevos motivos o causas de pedir, como es la concurrencia del supuesto contenido en el punto a) del apartado 1; en cuyo caso la acción caducaría al año; pues ello entraña una modificación de la demanda, trasladada al recurso que no puede ser admitida conforme al artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, el plazo de caducidad a tener en cuenta es el de tres meses desde la fecha de adopción del acuerdo impugnado".

Y sobre el cómputo del plazo, decíamos en la resolución: "(...) discrepa la parte apelante de la forma de cómputo del plazo de tres meses establecido para el ejercicio de la acción de impugnación del acuerdo en base a los apartados b) y c) al n.º 1 del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. El acuerdo fue adoptado en la Junta de Propietarios celebrada el día 18 de diciembre de 2019, y la demanda fue presentada el día 18 de junio de 2020, planteándose la cuestión relativa a la fijación del dies ad quem en este caso cuando se ha producido la suspensión del mismo durante el estado de alarma y se trata de un plazo señalado por meses.

Sobre los plazos de prescripción y caducidad en estado de alarma, la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 declara que "los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptasen".

Por otro lado, el artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, establece que "con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones".

Este Real Decreto 537/2020 desliga la suspensión de los plazos al estado de alarma, anticipando su alzamiento, de forma que el período en que los plazos de prescripción y caducidad han estado suspendidos fue desde el día 14 de marzo hasta el día 4 de junio; esto es, 82 días.

Los plazos de caducidad y prescripción no son de la misma naturaleza. Los plazos de prescripción de ordinario se interrumpen (y reinician) y no se suspenden. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 "la interrupción, pues, es acto obstativo de la prescripción, que revigoriza el derecho subjetivo y que no sólo impide el curso de la prescripción, sino que inutiliza el tiempo transcurrido para el cómputo de ésta. Por el contrario, la suspensión de la prescripción paraliza ésta, no corre el tiempo para la misma, pero no inutiliza el ya transcurrido; así, cuando desaparece la causa de suspensión, sigue (no comienza de nuevo, como en la interrupción) el cómputo del tiempo para la prescripción. La suspensión no está recogida, con carácter general, en Derecho español y el motivo la confunde con la prescripción, por lo que debe desestimarse".

La suspensión se distingue de la interrupción en que el transcurso del plazo no se reinicia, sino que se reanuda, es decir, se toma en cuenta el tiempo transcurrido con anterioridad. En este punto la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2010 expone: "Es jurisprudencia de esta Sala que la interrupción de la prescripción implica la amortización del tiempo pasado, que se tiene por no transcurrido, de suerte que a partir de la interrupción hay que comenzar a computar el nuevo plazo para que se cumpla el tiempo de la prescripción ( SSTS 6-3-03 en rec. 2250/97, 2-11-05 en rec. 605/99 y 16-4-08 en rec. 113/01).

Dicha jurisprudencia es aplicada también en otras sentencias, como las de 16 de marzo de 2006 al señalar que tras la interrupción "el tiempo tiene que volver a comenzar a contarse para dar lugar, en su caso, a una nueva prescripción", así como que la prescripción "inutiliza el tiempo transcurrido para el cómputo" mientras que la suspensión paraliza la prescripción."

La Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020 es clara al optar por la suspensión de plazos de prescripción y caducidad, no por la interrupción. Y, dado que el artículo 10 del Real Decreto 537/2020 indica que se alzará tal suspensión, ha de entenderse que se trata de una inusual pero indudable suspensión ope legis de los plazos de prescripción y caducidad, lo procedente tanto en un caso como en otro es la reanudación del plazo por el tiempo que reste hasta su terminación.

La cuestión se plantea en relación a la forma de cómputo del plazo de caducidad señalado por meses. Y en este sentido se comparte la fórmula establecida en la resolución apelada que es admitida en general por la doctrina aplicando la jurisprudencia que señala que cuando se suspende el cómputo del plazo fijado por meses, los días que restan una vez levantada la suspensión se suman por días naturales ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2016). En consecuencia, lo procedente es añadir al día del vencimiento del plazo todos los días naturales en lo que quedó suspenso como consecuencia del Real Decreto 463/2020 y sus prórrogas. Esta es la opción por la que también se inclinó el Consejo General del Poder Judicial en la propuesta realizada al efecto, añadiendo los días naturales que durase el estado de alarma poniendo el siguiente ejemplo: cuando el plazo estaba señalado por meses, pasaba por mantener el cómputo inicial como si no se produjese la suspensión, y después añadía la fecha ordinaria de finalización del plazo los días naturales de suspensión. Aplicando tal cálculo a la fecha de presentación de la demanda el derecho de impugnación había decaído (...)".

La estimación de la caducidad de la acción deducida, según la forma de cómputo del plazo de caducidad expuesta, ha de ser mantenida por lo que el motivo del recurso alegado en tal sentido debe ser rechazado, no pudiendo por ello entrar a valorar la existencia de abuso de derecho en la adopción del acuerdo alegada a través del segundo motivo del recurso de apelación.

Tercero.- Se alega por la parte apelante la incongruencia omisiva en que ha incurrido la resolución de instancia al no haber dado respuesta a la excepción alegada sobre la indebida admisión de la reconvención por plantear una acción declarativa de dominio y reivindicatoria, y subsidiariamente, una acción confesoria de servidumbre, de naturaleza real, sin conexión con la acción personal de abuso de derecho ejercitada.

La modalidad de incongruencia que se denuncia sólo existe, como expone la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 73/2009, de 23 de marzo, en interpretación del artículo 24 de la Constitución Española, cuando el órgano judicial hubiera dejado sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por la parte, y no pueda interpretarse razonablemente el silencio como una desestimación tácita, al inferirse que es así del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución.

En este caso no concurre la incongruencia que se alega por la parte recurrente al haber resuelto la cuestión planteada en la audiencia previa, no siendo por tanto necesaria la reiteración de la resolución dictada sobre el extremo cuestionado en la sentencia, sin perjuicio de la apelación sobre la misma que se reproduce en el recurso. Y al efecto sobre la admisión de la reconvención y la posibilidad de acumular la acción que en la misma se ejercita a la deducida en la demanda establece el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que "sólo se admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal". La reconvención tiende a concebirse actualmente dentro de unas coordenadas muy restrictivas. No basta cualquier relación, no es suficiente cualquier conexión, sino que se requiere una conexión objetiva; la pretensión que se ejercita mediante la reconvención ha de ser conexa con el objeto de la demanda principal; la reconvención ha de guardar relación con los mismos hechos, con la causa petendi o relación jurídica material deducida por el actor en su demanda. Esta conexión entre la causa de pedir de la demanda inicial y la propia de la demanda reconvencional existe en el supuesto enjuiciado por cuanto en la reconvención se ejercita una acción real reivindicatoria de dominio por la que la comunidad de propietarios demandada pretende que se declare su derecho dominical y se le entregue la posesión de un espacio de la edificación que considera de titularidad común frente al actor que considera ser propietario de ese elemento común. La conexión con la demanda principal se sustenta en el hecho de que en esta se impugna un acuerdo comunitario relativo a la instalación de un ascensor en el edificio que ha de ocupar precisamente ese espacio que el propio actor impugnante considera de su propiedad, no autorizando en ningún caso la obra proyectada en tanto en cuanto afectase a ese elemento de su propiedad. Por ello la instalación del ascensor en la forma que se pretendía por la demandada exige determinar previamente a quien corresponde la parte del edificio en la que ha de ubicarse, siendo así clara la conexidad entre las dos acciones, sin que a ello constituya impedimento el hecho de que se trate de una acción personal y otra u otras de naturaleza real.

Cuarto. - Se alega también en el recurso la indebida apreciación del carácter de elemento común del espacio al que se refiere la reconvención, que es el hueco existente debajo del portal y trastero del edificio, desde la planta baja hasta el forjado. Mantienen los actores que tal espacio les pertenece con carácter privativo pues según los estatutos de la comunidad son elementos comunes los referidos en el artículo 396 del Código Civil, entre los que se encuentra ese espacio, y el mismo únicamente tiene acceso desde su bajo y siempre ha servido como almacén.

Ciertamente, en el apartado primero de los estatutos de la comunidad se indica que "son elementos comunes los determinados en el artículo 396 del vigente Código Civil".

El citado precepto, en la redacción vigente a la fecha de aprobación de los estatutos señalaba: "Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, pasos, muros, fosos, patios, fosos, escaleras, porterías, ascensores, corredores, cubiertas, canalizaciones y servidumbres.

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán sean enajenadas, gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable.

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo título, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto.

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados".

La jurisprudencia en general ha venido aceptando como presunción general que tendrán carácter de elementos comunes todos los elementos arquitectónicos del edificio siempre que no conste de manera inequívoca su carácter privativo, pues todo lo que integre la finca registral y no aparezca específicamente incluido en alguno de los pisos o fincas independientes que forman la propiedad horizontal ha de atribuírsele naturaleza de elemento común.

En principio, el hueco discutido ubicado en debajo de las escaleras no se define como elemento común en el artículo 396 del Código Civil; por ello su naturaleza debe examinarse según las circunstancias particulares concurrentes en el caso y, especialmente, de la afectación que se hubiera hecho en la escritura de constitución de la propiedad horizontal o en los estatutos.

En la escritura de declaración de obra nueva, constitución de propiedad horizontal y adjudicación, otorgada el día 30 de diciembre de 1988 se describe el local propiedad de los actores, en la siguiente forma:

"FINCA NUMERO NUM001. Situada en la planta NUM002 del edificio. Tiene tres puertas de entrada desde la CALLE000 por su frente y desde las fincas situadas al sur y al oeste. Mide unos trescientos quince metros cuadrados.

Linda: Norte, CALLE000; sur, Agustín, herederos de don Alejo y otros, patio común y camino de servidumbre - a los que tiene entradas, luces y vistas -; este, herederos de Alejo y otros; oeste, al referido patrio común y herederos de Andrés. En el centro del lindero norte se halla el portal de acceso del edificio que, junto con los espacios comunes de escaleras y ascensor, se enclava hacia el centro-norte de esta finca".

Con tal descripción, si en el título aparece que el portal y las escaleras constituyen el lindero norte de la finca número NUM001, de los actores, ello quiere decir que el volumen y la superficie que ocupa, y, por tanto, el hueco bajo la escalera, no forman parte del bajo, cuya superficie alcanza únicamente a esos elementos.

La consideración de la escalera o del cañón en que se ubica como elemento común por naturaleza del edificio impide la posibilidad de disponer de esa superficie o desafectarla para convertirla en privativa, y por ello, pese al uso que se pudo haber hecho de ese hueco, es posible que pueda producirse su adquisición, con la correlativa pérdida de su carácter de elemento común, en virtud de usucapión, por el uso del espacio discutido por los distintos propietarios del local ahora perteneciente a los actores, como han declarado los testigos que depusieron en juicio. Si en general la jurisprudencia contempla como excepcional la posibilidad de una usucapión entre comuneros en el régimen de la copropiedad ordinaria (así, por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo 651/2012, de 5 de noviembre, señala que "aunque no pueda negarse con carácter general la posibilidad de usucapión entre copropietarios, tal situación ha de ser considerada como excepcional pues se opone al principio según el cual cada comunero puede favorecer a sus condóminos en los actos que produzcan ganancias o ventajas, pero no les puede perjudicar en los que resulten nocivos ( sentencias, entre otras, de 8 abril 1965, 14 marzo 1969 y 27 enero 1984 ) y lo sería transmutar en posesión a título de dueño la que nació con pleno reconocimiento de que la titularidad era compartida por varios condóminos", con mayor motivo lo ha de ser en el caso del régimen de la propiedad horizontal con relación a los elementos comunes, incluso con relación a los que lo son por destino y no por naturaleza. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de enero de 2019, con apoyo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2007: "hay que descartar, por su propia configuración y funcionalidad, la posibilidad de usucapión de elementos comunes por naturaleza. Y, en relación con los elementos comunes por destino, se requiere un acto de desafectación del elemento común que lo hiciera susceptible de la posesión exclusiva, excluyente y en concepto de dueño, que se requiere para usucapir".

No cabe sostener en este caso que los reconvenidos hubieran poseído a título de dueños la zona discutida desde que adquirieron el local bajo. No consta que hubieran realizado obras en paredes, techo o suelo; no han realizado actos externos de significación dominical sobre el espacio que queda bajo la escalera visible desde el interior del local. Cierto es que esa zona sólo es accesible desde dicho local, pero no es ese único dato definitivo a estos efectos porque ocurre lo mismo frecuentemente con terrazas o patios, que son únicamente accesibles desde un piso o local y no por ello cabe argumentar que su único poseedor sea el propietario. Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña 787/2002 de 23 de marzo de 2002: "La usucapión ordinaria alegada necesita de la posesión pública, pacífica e ininterrumpida ( artículos 1940 y 1.957 del Código Civil ) de quien alega este título de adquisición frente al abandono del titular pero resulta innegable que la comunidad viene sirviéndose de la azotea de modo permanente, incesante y continuo, sin la intervención de ningún hecho del hombre, por la sencilla razón de que es el techo protector de todos los vecinos del inmueble del mismo modo que se sirve de un pilar o de los cimientos y al mismo tiempo se ubican en ella determinadas instalaciones comunes de uso diario; luego en modo alguno se puede pretender que la comunidad haya dejado la posesión de dicho elemento común". Lo mismo ocurre con las escaleras de acceso a las viviendas y los vanos superiores o inferiores que definen cada uno de los tramos que la conforman. Por todo lo expuesto, ni en el título constitutivo de la propiedad horizontal aparece el hueco al que se refiere la reconvención como elemento privativo de los actores ni los mismos pudieron adquirir el dominio por usucapión, por lo que la reconvención ha sido correctamente estimada, desestimándose el recurso de apelación interpuesto.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 398 en relación con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preceptiva la imposición de las costas a los apelantes.

Procede decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente