Sentencia Civil 716/2023 ...e del 2023

Última revisión
19/12/2023

Sentencia Civil 716/2023 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 704/2022 de 13 de octubre del 2023

Tiempo de lectura: 33 min

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Orden: Civil

Fecha: 13 de Octubre de 2023

Tribunal: AP Lleida

Ponente: JOAN LLUIS CARDONA IBAÑEZ

Nº de sentencia: 716/2023

Núm. Cendoj: 25120370022023100689

Núm. Ecli: ES:APL:2023:913

Núm. Roj: SAP L 913:2023


Voces

Daños y perjuicios

Infracción procesal

Aval

Entidades de crédito

Sociedad de garantía recíproca

Contrato de seguro

Escrito de interposición

Informes periciales

Daños morales

Compañía aseguradora

Encabezamiento

Secció núm. 02 de l'Audiència Provincial de Lleida. Civil

Carrer Canyeret, 1 - Lleida

25007 Lleida

Tel. 973705820

Fax: 973700281

A/e: aps2.lleida@xij.gencat.cat

NIG 2520342120218023208

Recurs d'apel·lació 704/2022 B

Matèria: Procediment Ordinari

Òrgan d'origen: Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Seu d'Urgell (UPSD Civil 2)

Procediment d'origen: Procediment ordinari 20/2021

Entitat bancària: Banc de Santander

Per a ingressos en caixa, concepte: 2206000012070422

Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Beneficiari: Secció núm. 02 de l'Audiència Provincial de Lleida. Civil

Concepte: 2206000012070422

Part recurrent / Sol·licitant: Dekra Claims Services Spain Sa

Procurador/a: Teresa Maria Huerta Cardeñes

Advocat/ada: ÓSCAR MARCHAL MARTOS, Maria Jose Mosteirin Lopez

Part contra la qual s'interposa el recurs: Dionisio

Procurador/a: Maria Sanz Baraut

Advocat/ada: Antonio Alvarez Perez

SENTÈNCIA NÚM. 716/2023

President:

Il·lm. Sr. Albert Montell Garcia

Magistrats/des:

Il·lma. Sra. Mª Carmen Bernat Álvarez

Il·lm. Sr. Joan Cardona Ibáñez

Ponent: Joan Cardona Ibañez

Lleida, 13 d'octubre de 2023

Antecedentes

PRIMER. El 18 de maig de 2022 es van rebre aquestes actuacions del recurs d'apel·lació interposat per DEKRA CLAIM SERVICES SPAIN SA contra la sentència 38/2022, de 21 de març, dictada pel Jutjat de Primera Instància 2 de La Seu d'Urgell en el PO 458/2019. S'oposa al recurs Dionisio.

Rebudes les actuacions, i practicades les actuacions que s'indicaran en el fonament jurídic segon, s'hi nomenà ponent el magistrat JOAN L. CARDONA IBÁÑEZ, es va celebrar la deliberació i les actuacions van quedar vistes per a sentència.

En la tramitació d'aquest recurs s'han acomplert les prescripcions legals fonamentals.

SEGON. La decisió de la resolució impugnada és la següent:

ESTIMO LA DEMANDA presentada por D. Dionisio, representado por la procuradora de los tribunales D. Maria Sanz Baraut, contra Dekra Claims Services Spain SA, representada por la procuradora D. María Teresa Huertas Cardeñes, y en consecuencia:

CONDENO a la parte demandada DEKRA CLAIMS SERVICES SPAIN SA al pago de 35.328,82 euros a la actora, más los intereses previstos en el art. 20 de la LCS y con expresa imposición de costas a la demandada.

Fundamentos

PRIMER. RESUM DE LES ACTUACIONS PRACTICADES EN PRIMERA INSTÀNCIA.

L'actor i ara apel·lat va interposar una demanda contra la societat apel·lant com a entitat asseguradora del vehicle que havia estat el causant d'un accident de trànsit en el qual va sofrir una sèrie de danys personals i materials. La demandada s'hi va oposar i finalment es va dictar sentència que va estimar íntegrament la demanda, sentència que ara apel·la la condemnada quant a dos pronunciaments: el relatiu a la valoració de les seqüeles en el canell i el pronunciament a costes. L'actora s'oposa al recurs tot sostenint la validesa dels dos pronunciaments impugnats i a més a més denunciant l'incompliment del requisit previst en l' article 449.3 LEC.

Resoldrem separadament les qüestions discutides, començant per la que afecta la correcta interposició del recurs.

SEGON. RESOLUCIÓ SOBRE LA CONSIGNACIÓ DEL DIPÒSIT LEGAL.

En la nostra Sentència 753/2022 recordàvem quins són els requisits legals a l'efecte i quina la nostra postura:

SEGUNDO. Con carácter previo al análisis del recurso hay que examinar si concurren los requisitos para su admisibilidad, según lo dispuesto para este tipo de procedimientos en el Art. 449-3 de la LEC , dando así respuesta a las alegaciones vertidas en primer término por la parte apelada sobre inadmisibilidad del recurso formulado de adverso.

El Art. 449-3 de la LEC establece que en los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto, añadiendo en el párrafo quinto del mismo precepto que el depósito o consignación exigidos en los apartados anteriores podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada o depositada.

De forma reiterada viene manteniendo esta Sala, en numerosas resoluciones en las que analizábamos el cumplimiento de la exigencia impuesta por el Art. 449-3 de la LEC ( sentencia de fecha de 3 de junio de 2013 , recogiendo los criterios sentados en otras anteriores de 18 de enero y 15 de marzo de 2007 , 8 de septiembre de 2008 , 29 de noviembre de 2010 y 30 de marzo de 2011 ) que se trata de un requisito de admisibilidad del recurso, de un presupuesto del mismo, cuya ausencia o incumplimiento en el momento establecido en la Ley provoca el efecto de su fracaso. Y como tal presupuesto o requisito de admisibilidad está sometido al control de oficio por parte del Tribunal, aun cuando no haya sido denunciado por la parte apelada.

Como apuntábamos en dichas resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 449-3 LEC el momento en el cual se ha de efectuar el pago o consignación es el de interposición del recurso (una vez suprimida la fase de preparación del recurso a que se refería el Art. 457 de la LEC ). El último párrafo del Art. 449 sólo prevé la posibilidad de enmendar el incumplimiento de este requisito en el caso que no se haya acreditado su cumplimiento de forma satisfactoria para el Tribunal, siempre y cuando en el momento de interponer el recurso haya manifestado el apelante, es decir, haya puesto de manifiesto, su voluntad de pagar, consignar, avalar o depositar, y añadíamos en dichas resoluciones que "si no se efectúa en el escrito de preparación (ahora en el de interposición) del recurso ninguna alegación de la que resulte la voluntad de cumplir este requisito no existirá la posibilidad de subsanación a que alude el Art. 449-6, en relación con el Art. 231 LEC "pues tratándose de un presupuesto procesal indispensable para la válida interposición del recurso, si se efectúa a posteriori, después de la preparación del mismo, carece de virtualidad para subsanar el defecto porque tal subsanación sólo se permite respecto a la acreditación formal de su cumplimiento en tiempo y forma, sin que pueda aprovecharse la oportunidad que se conceda para subsanar el defecto formal de la justificación anteriormente omitida para proceder a efectuar el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones de las cuales se hubiere prescindido".

La parte demandada, ahora apelante, fue condenada en la sentencia de primera instancia a abonar al actor la cantidad de 66.798,60 € en concepto de principal, más los intereses del Art 20 LCS

En este caso se cuestiona la suficiencia de las sumas consignadas en orden a la aplicación de los intereses del Art. 20 Ley de Contrato de Seguro , por considerarse insuficiente lo consignado y ser una suma notoriamente inferior a la que procedía, al haberse limitado lo consignado a 94.588,64 €, cuantía muy inferior a los 105.943,49 € que correspondían en razón de la condena habida atendidos los abonos y pagos realizados antes.

En cuanto a la necesidad de consignar no sólo el principal sino también los intereses resultan clarificadoras las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de mayo y 24 de noviembre de 2010 , indicando esta última que "la reciente sentencia de 5 de mayo de 2010 (rec. 588/06), con profusa cita de autos resolutorios de recursos de queja y fundándose muy especialmente en la doctrina del Tribunal Constitucional, declara inadmisible un recurso de casación, aplicando el Art. 483.2-1º LEC en relación con su Art. 449.3, porque la parte recurrente, al prepararlo, no había ingresado el total exigible, defecto denunciado por la parte recurrida en trámite de oposición al recurso como permite el Art. 485.2 LEC , razonando esta Sala que mientras la falta de acreditación del ingreso de la cantidad es subsanable, en cambio no lo es la propia insuficiencia del ingreso".

Y la mencionada STS de 5-5-2010 argumenta en su Fundamento Segundo, apartado B), que al haberse limitado la parte condenada a consignar la diferencia entre la indemnización fijada en primera instancia, y la mayor cantidad reconocida en apelación, sin consignar los intereses a los que también había sido condenada, procede apreciar el defecto de forma en la preparación, no subsanable, denunciado por la parte recurrida en el escrito de oposición, consistente en no haber constituido la parte recurrente depósito del importe de la condena, más los intereses y recargos exigibles al tiempo de prepararlo.

Es claro, pues, que la consignación o el pago de principal e intereses ha de efectuarse antes de preparar el recurso (ahora en el de interposición) según expresa dicción del Art 449.3 LEC , y la ausencia de esa consignación o pago dentro de plazo es insubsanable, y ello aunque el apelante hubiera manifestado en el escrito de interposición del recurso su voluntad de atender cualquier otro pago legítimo que corresponda ser abonado a consecuencia de la interposición de este recurso de apelación , pues tal posibilidad de subsanación queda limitada legalmente a la acreditación documental de la consignación realizada dentro del plazo legal, pero no se extiende a la posibilidad de realizar fuera de plazo dicha consignación, y ello porque la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación, en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de ésta cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, por ser éste un requisito formal susceptible de tal subsanación, que sólo puede fundar una resolución de inadmisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito ( SSTC 344/93 , 346/93 , 100/93 ), pero sin que en ningún caso puede subsanar el requisito sustantivo del pago o consignación el apelante que, al tiempo de la preparación del recurso legalmente previsto no haya dado cumplimiento a tal exigencia material. Precisamente positivándose tal doctrina, el apartado 6 del artículo 449, con remisión al artículo 231 de la misma ley , posibilita la subsanación del defecto, supeditándola, no obstante, al hecho de que el recurrente "hubiese manifestado su voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades correspondientes, pero no acreditara documentalmente, a satisfacción del tribunal, el cumplimiento de tales requisitos", lo que viene a consagrar el referido criterio doctrinal y jurisprudencial que preconizaba la posibilidad de subsanar el defecto de acreditación de la consignación efectuada, pero no de la falta de consignación en su momento oportuno de los intereses objeto de condena.

El 19 de maig de 2002 es va requerir l'apel·lant perquè acredités haver consignat la quantitat objecte de condemna amb els seus interessos. L'apel·lant va presentar dos justificants bancaris que acreditaven que els dies 5 de novembre de 2021 i 21 d'abril de 2022 havia consignat les quanties de 15.769,81 i 33.939,17 euros. El recurs d'apel·lació es va presentar el 25 d'abril de 2022, per la qual cosa escau desestimar aquest motiu d'apel·lació.

TERCER. RESOLUCIÓ SOBRE ELS RÒSSECS EN EL CANELL.

No es discuteix que a conseqüència de l'accident l'actor va sofrir una lesió del lligament escafosemilunar dret que va precisar d'una intervenció quirúrgica i rehabilitació posterior. Les parts, però, discuteixen la qualificació i l'abast de les lesions.

D'una banda, el dictamen pericial de l'actora hi aprecia una limitació en la flexió de 40° (sobre un arc normal de 80°) a la qual atorga 4 punts, de 30° en l'extensió (normal 70°) a la qual atorga altres 4 punts, i de 10° en la inclinació radial (normal 25°) a la qual atorga 2 punts. I més a més l'existència d'un canell dolorós en repòs, amb artrosi post traumàtica, que valora en uns altres 2 punts.

En el dictamen de la demandada s'accepta que en el mateix informe d'alta consta l'existència d'una limitació de 30° en la flexo-extensió i de 25° en la desviació radial i pron-supinació, però la pèrit sosté que quan va examinar el lesionat únicament va apreciar-hi una limitació a la flexió-extensió de 10° i que li manifestava dolor a la mobilització en tots els eixos. Aquests símptomes els valora com una "pèrdua global de la mobilitat del canell 30%", al qual atorga 3 punts de baremació, i com un "canell dolorós" al qual n'atorga uns altres 2.

La sentència apel·lada sosté expressament que "resulta correcta la interpretación de acudir a los epígrafes específicos del baremo" que va fer el perit de l'actora.

L'apel·lació es fonamenta en que atorgar 12 punts a la seqüela suposa vulnera l'article 97.4 del Text refós, que estableix que "La puntuació d'una o diverses seqüeles d'una articulació, membre, aparell o sistema no pot sobrepassar la corresponent a la pèrdua total, anatòmica o funcional de l'articulació, membre, aparell o sistema". Això perquè les referències 03097 i 0398 del barem estableixen la puntuació per al supòsit d'artròdesi o anquilosi del canell i li atorguen una puntuació de 10-12 punts quan es produeix en posició funcional i de 13-15 quan és en posició no funcional, per la qual cosa els 12 punts reconeguts "excedeixen" dels previstos legalment per l' anquilosi o abolició total. I finalitza la seva exposició indicant que aquesta Sala ja va acceptar aquest criteri a sensu contrari en la nostra Sentència 328/2017, 19 de juliol.

L'apel·lat s'oposa al recurs recordant que no és cert que la puntuació excedeixi de la prevista per a l'anquilosi o abolició, ja que l'establerta és de 15 punts i els reconeguts en són 12, tot i que certament s'oblida d'esmentar que aquests 15 punts són per al supòsit en el qual l'articulació no es trobi en posició funcional i els 12 són per al cas que sí sigui funcional.

Plantejats així els termes del debat, s'ha de recordar és que l'únic motiu de divergència amb la sentència és que la superació de la puntuació establerta a l'article 97.4 i que no s'impugna la valoració probatòria per cap altre motiu, la qual cosa limita en aquesta apel·lació el límit de la cognició a aquest argument i no permet entrar a resoldre'n cap altre. I així les coses, l'apel·lació ha de decaure pels motius següents.

En primer lloc, perquè ja es prengui com a referència l'anquilosi en posició funcional o no funcional, no se supera el límit en cap dels dos casos. Els punts reconeguts són 12 i el límit està en 12 i 15 punts, segons el cas.

En segon lloc, perquè malgrat l'acumulació de punts de seqüela en valorar-se separadament la limitació de mobilitat en els diferents rangs de moviment pugui portar a "resultats absurds" com defensa la recurrent, la limitació de l'article 97.4 necessàriament arrenca d'aquesta realitat, això és, que el barem ja preveu que la inclusió d'una lesió en diferents apartats dels previstos legalment pugui donar lloc a una puntuació coincident o propera a la pèrdua de l`òrgan o funció, totalment i parcialment, i és per això que hi va incloure la previsió de l'art. 97.4. Altrament, aquest previsió no tindria cap sentit. I incidint en això, el propi perit de l'actora va exposar de manera força coherent que aquesta previsió era expressa i que es podia considerar una equivocació del del barem, però la previsió existeix i tothom s'hi ha d'adequar.

En tercer lloc, perquè el que no té cabuda en el barem és la conclusió a la qual arriba la perit de la demandada, qui pretén que es declari com a seqüela "la limitació global del canell", seqüela que no existeix en el barem i precisament per això la perit no pot determinar quina és la numeració que li correspon en les taules. També quant a això van resultar coherents les explicacions del perit de l'actora, en fer referència a la forma de còmput en versions anteriors del barem i com s'ha substituït per l'actual.

I en quart lloc, i finalment, perquè un cop repassada la nostra Sentència 328/2017 no hi veiem cap argumentació per la qual s'hagi de resoldre en el sentit que pretén l'apel·lant, doncs en aquella resolució l'única referència a la qüestió que ara discutim és la confirmació en segona instància de l'existència d'una anquilosi o abolició total de la mobilitat d'un dit i l'atorgament de la puntuació màxima, sense que hi apreciem cap paral·lelisme amb el cas que ara resolem.

TERCER. RESOLUCIÓ SOBRE EL PRONUNCIAMENT A COSTES DE PRIMERA INSTÀNCIA.

L'apel·lant indica que el pronunciament de la sentència impugnada constitueix una estimació parcial de la demanda, doncs es van reconèixer 32.893,98 € dels 48.328,82 € reclamats, en haver-se atorgat pel concepte de perjudici moral lleu únicament 2.000 € dels 15.000 que se sol·licitaven.

L'apel·lada sosté que el jutge d'instància ha motivat adequadament la imposició de costes a la demandada, perquè s'han estimat totes i cadascuna de les partides reclamades i únicament s'ha reduït la corresponent al perjudici moral, la qual cosa constitueix una estimació substancial de la demanda que justifica aquesta imposició.

Plantejada així la discussió, la sentència d'instància justifica el pronunciament en costes indicant que "han de imponerse las costas al demandado por haber sido estimada la demanda en su integridad, considerando que aunque la cantidad determinada como daño moral es distinta a la reclamada, sí se ha estimado la existencia de dicho daño, a lo que se opone a la demandada".

En la nostra recent Sentència 22/2023 resumim els criteris jurisprudencials sobre l'estimació substancial de la demanda en la valoració de la condemna en costes, de la manera següent:

TERCERO.- Recurso de apelación en cuanto a la imposición de costas.

La Sentencia de primera instancia impone las costas a la parte demandada sobre la base de una estimación sustancial. Considera que la diferencia entre lo reclamado 622.450,50 euros y lo finalmente estimado de 586.712,78 euros, permite considerar se da una estimación sustancial de la demanda.

Debemos recordar que el criterio general en materia de costas es el del vencimiento, de tal modo que las costas procesales causadas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, de conformidad con lo establecido en el Art. 394-1 LEC . En cuanto a la estimación sustancial, se equipara a la estimación total cuando existe una leve diferencia entre lo peticionado y lo estimado.

La STS de 15 de junio de 2007 , señalaba: "aplicar la teoría del cuasi-vencimiento o de la estimación sustancial, que opera únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, resultando aplicable, principalmente, a los supuestos en que se ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios, en los que la fijación del quantum es de difícil concreción y gran relatividad, de modo que, por razón de la misma, resulta oportuno un cálculo a priori ponderado y aproximado".

El TS se ha pronunciado sobre la condena al pago de las costas en caso de estimación sustancial de la demanda (sentencia nº 511/2013 de 18 de septiembre ), para lo que hay que tener en cuenta si se ha estimado la demanda en sus aspectos más importantes, cualitativa o cuantitativamente. En el caso de autos resulta evidente que la demanda ha sido estimada tanto de forma cualitativa como cuantitativamente. De forma cualitativa porque la postura inicial de la compañía aseguradora era denegar la cobertura, extremo totalmente desestimado y no apelado en esta instancia. Y de forma cuantitativa porque a pesar de tratarse de grandes cantidades, la diferencia respecto a lo peticionado es del 5,7%, motivándose en toda la Sentencia las dificultades de acreditación de prueba en materia de incendios, que incluso llevan al Juez a moderar la reclamación en un 20%.

En el mismo sentido la STS nº 577/2011 de 20 de julio considera que hay estimación sustancial que implica la condena al pago de las costas cuando "el extremo a que se refiere la desestimación es mínimo en relación con las pretensiones de la demanda que han sido estimadas".

Para ello esta Sala, partiendo del caso concreto, no suele superar 10% entre lo solicitado y lo estimado, como por ejemplo en la reciente SAP nº 641/ 2022, de 10 de octubre (rec. núm. 86/ 2021), y en SAP nº 16/ 2022, de 14 de enero (rec. núm. 837/ 2019). Así decíamos: "Por tanto, en este último caso claramente estamos ante un supuesto de estimación sustancial de la demanda dada la pequeña diferencia respecto de lo solicitado y el tipo de acción ejercitada, acción resarcitoria de daños y perjuicios, en la que la fijación del quantum es de difícil concreción y gran relatividad. Sobre la estimación sustancial de la demanda se ha pronunciado el TS entre otras en S. 15/6/2007 estableciendo:"... la teoría del cuasi-vencimiento o de la estimación sustancial, que opera únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido." En tal sentido se ha pronunciado también este Tribunal, entre otras, en S. 29 de mayo de 2012."

Así concluimos también en la SAP nº 451/ 2022, de 1 de julio (rec. núm. 1267/ 2021), debiendo estar siempre al caso concreto, que en este caso lo permite y ha sido debidamente valorado por el Juez de Instancia. En atención a lo expuesto se confirma la estimación sustancial apreciada en instancia, desestimando este motivo de apelación.

Conforme a aquests criteris, escau estimar el motiu d'apel·lació perquè la quantitat finalment reconeguda suposa únicament el 68,06% de la quina es reclamava, del tot insuficient per considerar que ens trobem davant una estimació substancial.

QUART. COSTES PROCESSALS.

L'estimació parcial del recurs fa que cada part hagi d'assumir les pròpies, conforme els articles 398 i 394 Lec.

Fallo

Estimem parcialment el recurs d'apel·lació interposat per DEKRA CLAIM SERVICES SPAIN SA contra la sentència 38/2022, de 21 de març, dictada pel Jutjat de Primera Instància 2 de La Seu d'Urgell en el PO 20/2021, la qual revoquem únicament quant a la imposició de les costes processals de primera instància a la demandada, de manera que cada part n'haurà d'assumir les pròpies, com també les causades en la tramitació d'aquest recurs.

Aquesta resolució s'ha de notificar a les parts.

S'han de retornar les actuacions al jutjat de procedència, amb certificació d'aquesta resolució, perquè es compleixi el que s'ha acordat.

Contra aquesta resolució es pot interposar el recurs de cassació en els supòsits de l' article 477.2 LEC, i el recurs extraordinari per infracció processal ( regla 1. 3 de la DF 16a LEC), davant el Tribunal Suprem, sempre que es compleixin els requisits legals i jurisprudencialment establerts. També es pot interposar el recurs de cassació en relació amb el dret civil català en els supòsits de l' article 3 de la Llei 4/2012, de 5 de març. Els recursos s'han d'interposar en aquest òrgan en el termini de 20 dies, amb la justificació d'haver consignat el dipòsit a què es refereix la DONA 15a LOPJ.

Així ho manem i ho signem.

Els magistrats

Podeu consultar l'estat del vostre expedient a l'àrea privada de seujudicial.gencat.cat.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i es tractaran amb la màxima diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials i que el tractament que se'n pugui fer queda sotmès a la legalitat vigent.

Les parts han de tractar les dades personals que coneguin a través del procés de conformitat amb la normativa general de protecció de dades. Aquesta obligació incumbeix als professionals que representen i assisteixen les parts, així com a qualsevol altra persona que intervingui en el procediment.

L'ús il·legítim de les dades pot donar lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Amb relació al tractament de les dades amb finalitat jurisdiccional, els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació s'han de tramitar conforme a les normes que siguin aplicables en el procés en què s'obtinguin les dades. Aquests drets s'han d'exercir a l'òrgan o oficina judicial en què es tramita el procediment i n'ha de resoldre la petició qui en tingui la competència atribuïda en la normativa orgànica i processal.

Tot això de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el capítol I bis del títol III del llibre III de la Llei orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del poder judicial.

Sentencia Civil 716/2023 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 704/2022 de 13 de octubre del 2023

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