Sentencia Civil Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 599 de 31 de Mayo de 2000

El recurso de apelación merece una total acogida en su pretensión de que se declare, en este caso, la prevalencia de la jurisdicción civil sobre la social pues, en el sentido de su línea argumental básica, es evidente que las previsiones al respecto del art. 125 de la Ley de Cooperativas de 2 de abril de 1987 están solo pensadas para la solución de los conflictos que puedan surgir en las llamadas "cooperativas de trabajo asociado", específicamente reguladas en los arts. Lógicamente esto es así porque la propia ley califica a las Cooperativas de Trabajo Asociado como aquellas que "asocian a personas naturales, con capacidad legal y física para desarrollar la actividad cooperativizada de prestación de un trabajo, teniendo por objeto proporcionar a los socios puestos de trabajo para producir en común bienes o servicios para terceros, en calidad de socios trabajadores (Art. 118, apartados primero y segundo, etc. Esto es lo que define el objeto fundamental de tales cooperativas y justifica plenamente el que lo fundamental -en su composición y operatividad- sea la relación de trabajo entre socio y cooperativa, frente a la que el trabajador tiene: al mismo tiempo, la condición de asalariado-dependiente de esta última, en el contexto práctico de una unidad empresarial cuya titularidad asume, hacia el exterior, la propia cooperativa, siendo normal y comprensible, (por tanto, que sea la jurisdicción social (Art. 125) la competente para resolver los conflictos entre la cooperativa y sus miembros, pues estos no tienen una organización distinta a la de la entidad para la que trabajan sino que prestan sus servicios a esta en un concepto que los considera de dependencia de la cooperativa, como socios-trabajadores de esta.Se estima el recurso.