Sentencia Civil Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 0622/96 de 03 de Marzo de 1998

Que estimando la demanda formulada por DON PEDELE C,  representado por el Procurador de los Tribunales don Vicente Estévez Doamo, contra DOÑA MARIA DEL CARMEN F y DOÑA MARIA SOLEDAD F , ambas representadas por el Procurador don Domingo Rodriguez Siaba, debo declarar y declaro haber lugar a la resolución del contrato relativo al piso quinto derecha de la casa de la calle Ángel del Castillo de esta ciudad, que vincula al demandante con doña María del Carmen F; condenando a las demandadas a estar y pasar por la precedente declaración, y en consecuencia a que en legal plazo dejen libre y a disposición del actor la mencionada vivienda, bajo apercibimiento de lanzamiento en caso de no verificarlo; todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a las demandadas.''. Esta última era precisamente la cuestión de fondo, que el actor fundamentó en una manifiesta cesión de la vivienda de la arrendataria a su hermana, que él no había consentido en los términos previstos en la antigua L.A.U.,  que, como es sabido, trataba este asunto con suma rigidez de forma en los artículos 23,24 y 25 prohibiendo al arrendatario la cesión gratuita de vivienda, salvo que mediase consentimiento expreso del arrendador, y aun en el caso excepcional de posible cesión sin ese requisito a los parientes indicados en el art' 24, era obligatoria la notificación fehaciente de la misma al arrendador dentro de los dos meses de realizada, quien, en cualquier supuesto en que no la hubiere consentido expresamente o no se le hubiera notificado dentro de los dos meses ya dichos en el caso excepcional en que no fuese necesario, tendría derecho para resolver el contrato con la sola obligación de demandar también al cesionario, quien solo podría excepcionar consentimiento expreso del actor a la cesión de la vivienda de que se trata. Esta es precisamente la normativa que se aplicó correctamente en la instancia, pues, con independencia de la situación equívoca que pudiese significar el que fuese la hermana que también vivía en el piso alquilado quien materialmente pagase las rentas o, mas tarde, remitiese los giros por su importe _a lo que hacen referencia directa algunos testigos y el propio actor en confesión judicial_ la ley exigía siempre para la validez de la cesión un consentimiento expreso, con una inequívoca y patente aceptación del cambio de titularidad del arrendatario primitivo por el que se subroga en la posición del anterior asumiendo este nuevo carácter de manera indiscutible y siendo incomprensible en este caso, si todo se hubiese producido como mantiene la demandada, que no se hubiera hecho un nuevo contrato por escrito, con expresa aceptación de una autentica novación del mismo por sustitución de la persona de la arrendataria, por lo que, al no haber esa constancia cierta de la aceptación de ese cambio, la valoración del juez de instancia no podía ser otra que la de entender que la cesión del contrato había sido ilegal, y constitutiva, a su vez de la causa resolutoria invocada. Se desestima el recurso.