Última revisión
Sentencia Civil 229/2024 , Rec. 1095/2022 de 19 de abril del 2024
Relacionados:
Orden: Civil
Fecha: 19 de Abril de 2024
Ponente: JUAN IGNACIO CALABUIG ALCALA DEL OLMO
Nº de sentencia: 229/2024
Núm. Cendoj: 08019370162024100208
Núm. Ecli: ES:APB:2024:4667
Núm. Roj: SAP B 4667:2024
Voces
Herencia
Testador
Relación jurídica
Sustitución vulgar
Heredero universal
Última voluntad
Testamento notarial
Recurso gubernativo
Partes del proceso
Mortis causa
Fondo del asunto
Derecho a la tutela judicial efectiva
Bienes de la herencia
Disolución de sociedades
Disolución y liquidación de una sociedad
Sociedad de gananciales
Inter vivos
Liquidación sociedad gananciales
Registro de la Propiedad
Aceptación de la herencia
Error en la valoración
Testamento
Legitimación activa
Falta de legitimación
Representación legal
Ejecutoria
Plazos de interposición del recurso
Doctrina de los actos propios
Cuestiones prejudiciales
Fideicomiso
Actuaciones judiciales
Archivo de actuaciones
Mandato
Inadmisión de la demanda
Sucesor
Encabezamiento
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TEL.: 934866200
FAX: 934867114
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N.I.G.: 0801942120228142748
Materia: Juicio verbal
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Beneficiario: Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Concepto: 0662000012109522
Parte recurrente/Solicitante: DÑA. Noemi, DÑA. Olga
Procurador/a: Lorena Moreno Rueda, Lorena Moreno Rueda
Abogado/a: Cristina Manuela Castañon Fariñas
Parte recurrida: DIRECCIÓN Gª DERECHO y ENTIDADES JCAS. CATALUNYA
Procurador/a:
Abogado/a:
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don Ramón Vidal Carou
Don Juan Ignacio Calabuig Alcalá del Olmo
Doña Nuria Garanto Solana
Barcelona, a 19 de abril del 2024.
Vistos en grado de apelación (Recurso nº 1095/2022) ante la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Verbal 577/2022, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Barcelona a instancia de
Antecedentes
"1.- Desestimo íntegramente la demanda
2.-Confirmo la resolución impugnada.
3.-Impongo las costas a la parte actora".
Vistos, siendo ponente don Juan Ignacio Calabuig Alcalá del Olmo.
Fundamentos
La Sra. Cristina había fallecido en Mollet del Vallés el 22-3-2020 habiendo otorgado testamento notarial el 12-6-1986. En el acto de última voluntad, la mujer legó a su madre (Dª Milagrosa) lo que le correspondiese en concepto de legítima; instituyó heredero universal a su esposo y estableció una sustitución vulgar y preventiva de residuo conforme al art. 216 de la CDCC en favor de su madre y, en defecto de ésta, de sus sobrinos Antonio, Salvadora y Benedicto por partes iguales, todo ello para el caso de que el Sr. Ramón premuriese a la testadora o bien no pudiere o no quisiere sucederle en su herencia. Además, se estableció expresamente que se entendería que el heredero instituido había dispuesto de los bienes de la herencia cuando lo verificase después de haberla aceptado.
A su vez, el Sr. Ramón había fallecido en Mollet del Vallés el 14-4-2020 habiendo otorgado testamento notarial el 12-6-1986. En el acto de última voluntad, el hombre legó a su madre (Dª Carlota) lo que le correspondiese en concepto de legítima; instituyó heredera universal a su esposa y estableció una sustitución vulgar y preventiva de residuo conforme al art. 216 de la CDCC en favor de su madre y, en defecto de ésta, de sus sobrinas Olga y Noemi y demás sobrinos - hijos de su hermana doña Fátima - por partes iguales, todo ello para el caso de que la Sra. Cristina premuriese al testador o bien no pudiere o no quisiere sucederle en su herencia.
Doña Milagrosa falleció el 27-2-1991 y doña Carlota el 23-9-1999.
La DGDEJM, por su parte, se muestra conforme con los argumentos de la resolución de instancia cuya confirmación, por ello, solicita.
La legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. Supone una coherencia entre la cualidad atribuida y las consecuencias jurídicas pretendidas; por lo que ha de atenderse al contenido de la relación jurídica invocada por la parte actora.
A la legitimación se refiere el art. 10
"Las calificaciones negativas del registrador y en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.
La demanda deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados de la notificación de la calificación o, en su caso, de la resolución dictada por la Dirección General, o, tratándose de recursos desestimados por silencio administrativo, en el plazo de cinco meses y un día desde la fecha de interposición del recurso, ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble y, en su caso, los de Ceuta o Melilla.
Están legitimados para la interposición de la misma los que lo estuvieren para recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado".
La norma establece dos únicas limitaciones. En primer lugar, declara la falta de legitimación de la Dirección General, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales. Y, en segundo lugar, limita la legitimación del Notario autorizante y del Registrador que haya emitido la calificación revocada por la DGDEJM, ya que estos profesionales únicamente pueden acudir a la vía judicial cuando la resolución de la Dirección General "afecte a un derecho o interés del que sean titulares".
b) el Notario autorizante o aquel en cuya sustitución se autorice el título, en todo caso;
c) la autoridad judicial o funcionario competente de quien provenga la ejecutoria, mandamiento o el título presentado ;
d) el Ministerio Fiscal, cuando la calificación se refiera a documentos expedidos por los Jueces, Tribunales o Secretarios judiciales en el seno de los procesos civiles o penales en los que deba ser parte con arreglo a las leyes, todo ello sin perjuicio de la legitimación de quienes ostenten la condición de interesados conforme a lo dispuesto en este número"
El plazo para interponer el recurso es de un mes desde la notificación de la calificación ( art. 326.2
No obsta a lo anterior, en fin, lo previsto en el art. 328.4
En cuanto al primero de los argumentos, ciertamente tanto la
Más en concreto, hemos destacado que la proyección de la doctrina expuesta (...) constituye(n) la garantía de que las pretensiones de fondo deducidas en una demanda (...)l no resulten ineficaces por la apreciación rigurosa y formalista de la falta o defecto de los requisitos procesales que pudiera imputársele a aquélla, lo que determina que, en los casos en que se imputa la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva a una decisión de archivo por falta de subsanación de la demanda (...), el control de este Tribunal deba dirigirse a comprobar la causa aplicada y la proporcionalidad de su aplicación en el supuesto concreto, así como los rasgos caracterizadores de la actuación judicial en el trámite de subsanación. En dicha actuación el órgano judicial debe favorecer la corrección de los defectos que puedan ser reparados, garantizando en lo posible su subsanación (por todas, STC 19/2006, de 30 de enero, FJ 3).
En todo caso, hemos advertido también de que "el incumplimiento del requerimiento judicial en el plazo legalmente establecido determina irremisiblemente el archivo de las actuaciones, excluyendo así la Ley una reiteración o cadena de subsanaciones sucesivas, que podría significar el ampliar ad infinitum las posibilidades de subsanación de la demanda", concluyendo que "[e]n definitiva, la decisión de archivar el procedimiento, si el demandante incumple el mandato judicial, no viola el art. 24.1
En el mismo sentido, la STC 129/2014, de 21 de julio, señala que el derecho de acceso a la jurisdicción (...) "constituye el primero de los contenidos del art. 24.1
En el caso de autos, la decisión del juzgador de instancia supone, en esencia, la inadmisión del acceso a la vía judicial por parte de las actoras en base a una interpretación de la regulación de la legitimación en la
Así las cosas, se estima que las actoras sí disponen de legitimación "ad causam", lo que obliga a analizar el fondo del asunto planteado.
(i) Entiende aplicable el CCCat a la sucesión "mortis causa" de doña Cristina. Así lo deduce de la Disp. Tranistoria 1ª de la norma (la 4ª se refiere a fideicomisos no a la SPR) ya que la apertura de la sucesión tuvo lugar en el año 2020. Lo anterior no obsta para que, respecto de la figura que se analiza, se tenga en cuenta la CDCC puesto que la testadora, cuya voluntad es ley en la sucesión ( art. 421-1 CCCat) se refiere al art. 216 de esa norma (hoy 426-59 CCCat). Esta cuestión no resulta controvertida en el pleito.
(ii) La resolución de la DGDEJM analiza las diferencias entre una SPR y un fideicomiso (aunque sea de residuo) y considera que en el caso de autos se aplica la primera. Existe también en el testamento de la tía de las demandantes una sustitución vulgar pero prevalece sobre la misma el "ius trasmissionis" que permite a las actoras aceptar la herencia que su tío, instituido heredero, no llegó a aceptar ni a repudiar. En cambio, la SPR prevalece sobre el "ius trasmissionis" porque la disposición de los bienes recibidos, requisito como se verá imprescindible para dejar sin efecto la sustitución, debe hacerla el instituido heredero por la testadora, no estando legitimados para ello sus sucesores vía "ius trasmissionis". Tampoco estas cuestiones han sido discutidas en el supuesto enjuiciado.
(iii) La SPR debe aplicarse si el instituido heredero no dispone de sus bienes con posterioridad a su adjudicación y, por tanto, también con posterioridad al testamento que establece la sustitución. Se trata de una conditio iuris de la figura. Así, en el caso de autos el testamento otorgado en el año 1986 por el señor Ramón no resultaría suficiente para dejar sin efecto la SPR. Se basa la DGDEJM en tres argumentos: entiende en primer lugar que esta conclusión es la que se desprende del contenido del art. 216 CDCC, actual art. 426- 59 CCCat, que señala que los sustitutos reciben los bienes de los que el heredero no haya dispuesto por actos "inter vivos", por cualquier título, o por causa de muerte. Se refieren las normas no a todos los bienes del testador sino a los que quedan afectados por la SPR y que el heredero, literalmente en el art. 216 CDCC, "hubiese adquirido con ese carácter". Por tanto, el requisito de que el heredero muera intestado o sin testamento (en la CDCC) o que muera sin dejar sucesor voluntario (CCCat) se refiere a la ausencia de un testamento posterior a la adquisición de los bienes. En segundo término, indica el organismo público que la propia testadora fijó esta interpretación cuando estableció de forma expresa que "a efectos de la SPR ordenada, solo se entenderá que el heredero institutido ha dispuesto de los bienes de la herencia cuando lo verfique después de haberla aceptado". Por último y en tercer lugar, la DGDEJM considera que la previsión del art. 216 CDCC que establece que "no tendrá lugar la sustitución si fallecen con heredero instituido en heredamiento que llegare a serlo; pero prevalecerá la sustitución preventiva de residuo de ser el heredero o legatario sustituido cónyuge del causante que, junto con éste, hubiere otorgado heredamiento preventivo", se refiere a un supuesto similar al de autos en el que los cónyuges se instituyen herederos recíprocamente pero no mediante un testamento sino a través de un heredamiento, supuesto en el que prevalece la SPR. El organismo público, en fin, reconoce que su decisión se aparta de lo establecido en la previa resolución JUS/2137/2014, de 18 de septiembre, si bien especifica que el supuesto de esa anterior resolución estaba sujeto a la Ley 40/1991, de 30 de diciembre y tampoco consta que en el mismo concurriese la previsión específica del testador que sí se da en el presente.
(iv) La DGDEJM considera que la condición impuesta por la testadora no era de imposible cumplimiento. En efecto, en abstracto y ab inicio (al otorgarse el testamento en 1986), resultaba perfectamente posible el cumplimiento de la condición. Ocurre que, en el caso de autos y como consencuencia de la pandemia de la Covid-19, los dos cónyuges fallecieron con apenas 20 días de diferencia, lo que impidió al esposo finalmente poder cumplir la condición. Por tanto, comparte esta sala que no estamos ante un supuesto de imposibilidad de la condición sino simplemente de incumplimiento de la misma.
(v) Por último, la DGDEJM considera, en una interpretacion lógica, racional y razonable, que la voluntad de los cónyuges fue que el que sobreviviera al otro pudiera disponer libremente de los bienes en beneficio de cualquiera de sus sobrinos (biológicos o políticos) en atención a las atenciones y cuidados que le diesen. Pero que si el institutido heredero finalmente no disponía de sus bienes, los que procedían del cónyuge premuerto fueran, vía SPR, a los sobrinos de su propia línea familiar.
Esta sala estima, en fin, que los argumentos expuestos no resultan desvirtuados por las demandantes puesto que se limitan a reiterar la fundamentación del recurso gubernativo del Notario autorizante de la escritura al que, como se ha visto ya, dio cumplida respuesta la DGDEJM en su resolución.
Así las cosas, a la vista de todo lo anterior debe desestimarse el recurso interpuesto con imposición a las recurrentes de las costas de la segunda instancia ( arts. 394.1 y 398.1
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Dª Olga y Dª Noemi contra la sentencia de 18-7-2022, dictada en los autos de Juicio Verbal nº 577/2022, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Barcelona, resolución que se confirma íntegramente en cuanto a la desestimación de la demanda .
Se impone a las apelantes las costas de la segunda instancia.
Se decreta la pérdida del depósito constituidos por las apelantes de conformidad con lo establecido en los apartados 1, 3b/ y 9 de la Disposición Adicional decimoquinta de la
La presente sentencia no es firme y contra ella puede interponerse recurso de casación por interés casacional fundado en infracción de norma sustantiva o procesal ante a Sala Civil del Tribunal Supremo o ante la Sala Civil-penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si el recurso se funda exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de normas procesales o sustantivas del ordenamiento civil catalán, a interponer en cualquier caso por escrito presentado ante este Tribunal en el término de 20 días desde el día siguiente a su notificación, con acreditación de haber constituido el preceptivo depósito, salvo exención legal.
Firme la presente resolución, remítase testimonio de esta sentencia al Juzgado de procedencia, para su cumplimiento, con devolución de las actuaciones originales.
Así, por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Ver el documento "Sentencia Civil 229/2024 , Rec. 1095/2022 de 19 de abril del 2024"
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