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Sentencia Civil 103/2023 Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra nº 3, Rec. 536/2022 de 01 de septiembre del 2023
Relacionados:
Orden: Civil
Fecha: 01 de Septiembre de 2023
Tribunal: JM Pontevedra
Ponente: AMELIA MARIA PEREZ MOSTEIRO
Nº de sentencia: 103/2023
Núm. Cendoj: 36038470032023100015
Núm. Ecli: ES:JMPO:2023:3056
Núm. Roj: SJM PO 3056:2023
Encabezamiento
SENTENCIA: 00103/2023
RUA PADRE FEIJOO, 1 - 18 º 36204 CIDADE DA XUSTIZA DE VIGO
Equipo/usuario: SB
Modelo: N04390
Procedimiento origen: /
DEMANDANTE D/ña. RINXELA FERR SLU
Procurador/a Sr/a. PATRICIA CABALEIRO BARCIELA
Abogado/a Sr/a. JOSE LUIS GONZALEZ CUENCA
DEMANDADO D/ña. Agustín
Procurador/a Sr/a. MARIA LIMA DURAN
Abogado/a Sr/a.
En Vigo, a uno de septiembre de dos mil veintitrés
Vistos por Doña Amelia María Pérez Mosteiro, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra (sede en Vigo), los presentes autos del procedimiento
Antecedentes
En la citada demanda tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimó de aplicación finalizó con la súplica en la que se interesaba se dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda:
En fecha 25 de abril de 2023 se registró, con el núm. 1.705/2023, el escrito presentado por la representación procesal de la parte demandada contestando a la demanda. En la referida contestación, la parte demandada, se oponía a las pretensiones de la parte actora en términos que sucintamente expuestos se resumen como sigue:
De naturaleza procesal:
- Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
De fondo:
- Prescripción de la acción.
- No concurrencia de los presupuestos legales para la prosperabilidad de la acción.
Expuestos los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación finalizó con la súplica en la que interesaba la desestimación de la demanda con costas.
Por escrito registrado con el núm. 1.928/2023 en fecha 10 de mayo de 2023, la parte actora manifestó que no solicitaba la celebración de vista. Por diligencia de ordenación de fecha 11 de mayo de 2023 pasaron los autos a la vista para resolver lo que proceda.
Examinados los autos, no estimándose necesaria la celebración de juicio, quedaron los autos sobre la mesa para dictar sentencia.
Fundamentos
Las actuaciones tienen su origen en la demanda interpuesta por la entidad mercantil Rinxela Ferr, SLU en el ejercicio de una acción de responsabilidad por deudas sociales, ex art. 367
1. La actora ostenta un derecho de crédito frente a la entidad mercantil deudora Álvarez Lago, SL, en virtud de las relaciones mercantiles mantenidas entre la actora y la entidad Álvarez Lago, SL.
2. La deuda trae su causa en el impago de dos facturas de fechas 31 de octubre de 2013 por importe de 322,28€, y de fecha 30 de noviembre de 2013 por importe de 151,47€, en virtud de las que la actora interpuso, ante su impago, solicitud de procedimiento monitorio tramitándose ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Vigo los autos núm. 194/2016.
El procedimiento monitorio finalizó por Decreto de fecha 5 de mayo de 2016, promoviendo la parte actora demanda de ejecución de títulos judiciales y tramitándose, ante el citado juzgado del orden jurisdiccional civil, los autos del procedimiento de ejecución de títulos judiciales 108/2016, despachándose ejecución por Auto de fecha 7 de junio de 2016.
A las pretensiones de la parte actora se opuso la demandada alegando como motivos de oposición:
De naturaleza procesal:
- Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
De fondo:
- Prescripción de la acción.
- No concurrencia de los presupuestos legales para la prosperabilidad de la acción.
La parte demandada no niega, en su escrito de contestación, la existencia de la deuda nacida de las relaciones mercantiles mantenidas entre Rinxela Ferr, SLU, y la mercantil ÁLvarez Lago, SL. Tampoco niega la condición de administrador social de la mercantil de la deudora de la parte demandada. Ni que la sociedad al tiempo de contraer la deuda estuviera incursa en causa de disolución, de forma que señala en su contestación señala:
Centrados en los anteriores términos la controversia el debate quedó circunscrito: por un lado, al análisis de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda; y por otro lado al análisis de la prescripción de la deuda; así como la concurrencia de los presupuestos para prosperabilidad de la acción.
En el presente procedimiento son hechos acreditados en tanto que conformes y probados, los siguientes:
1. La realidad del negocio jurídico que vinculaba a Rinxela Ferr, SLU y la mercantil Álvarez Lago, SL.
2. La deuda reclamada es líquida, vencida y exigible.
3. En reclamación de la citada deuda se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Vigo, los autos del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 194/2016, habiéndose dictado en fecha 7 de junio de 2016 Auto despachando ejecución por importe de 483,43€ de principal.
4. La sociedad deudora ALVAREZ LAGO SL, titular del CIF B- B36798494 EUID: ES36015.000019292, fue constituida en fecha 29 de septiembre de 1995, por tiempo indefinido, constando como administrador único de esta mercantil Don Agustín, hoy el demandado, teniendo el cargo duración indefinida y constando todavía vigente.
5. La última fecha de presentación de cuentas anuales por la sociedad al Registro Mercantil fue en el ejercicio 2011.
6. En las cuentas anuales del año 2011 la sociedad tenía unos fondos propios de 156.054,12€, siendo el capital social suscrito y desembolsado de 3.606,07€.
7. La deuda contraída por Álvarez Lago, SL con Rinxela Ferr, SLU es de los meses de octubre y noviembre de 2013.
8. No consta el depósito de cuentas anuales del ejercicio 2011 y siguientes. Sin que conste tampoco acreditado que tales cuentas en los referidos ejercicios hubieran sido aprobadas.
La parte demandada no acreditó por ningún medio en el procedimiento, correspondiéndole a ella la carga de la prueba, ex art. 217 LEC, en virtud del principio de facilidad probatoria que provoca la inversión de las reglas probatorias en el proceso civil, que la sociedad mercantil deudora no estuviera incursa en causa legal de disolución en los ejercicios 2012 y 2013.
La demandante interpone la presente demanda en su condición de titular de un derecho de crédito ostentado por la mercantil Rinxela Ferr, SLU frente a la sociedad mercantil Álvarez Lago, SL, y reseña como primer motivo de su oposición a la pretensión de la parte una cuestión procesal previa cual es el defecto legal en el modo de proponer la demanda, en tanto señala que desconoce si la actora ejercita una acción de responsabilidad por deudas sociales o una acción individual por daños.
En relación con esta cuestión procesal promovida por la demandada, se debe señalar que no puede tener favorable acogida en tanto que:
En lo que respecta a este particular, no se puede obviar que, las formas procesales son importantes en el desarrollo del procedimiento, es por ello, que el no cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley al respecto, y que corresponde practicar de oficio a los órganos judiciales, autoriza a los mismos a no admitir la demanda.
Ahora bien, la labor de control no debe efectuarse de forma rigurosa, debiendo prevalecer el principio del "favor actoris", al objeto de permitir el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, el defecto legal en el modo de proponer la demanda que se recoge en el art. 416.1.5ª LEC, se entenderá que existe si en dicho documento, no se recogen los requisitos del art. 399 del mencionado texto legal. Es por ello que, para acoger dicha excepción, la demanda debe carecer de los requisitos esenciales como son: la no determinación del órgano judicial ante el que se interpone la demanda, la no identificación de la persona del actor, la falta de especificación de la causa de pedir, la indeterminación de lo que se pide, la indeterminación de los datos referidos a la persona de la parte demandada y la no fijación de la clase de acción. Todos estos elementos se cumplen en la demanda planteada por la parte actora y es por ello que, la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda no puede ser estimada, por cuanto la demanda no contiene vaguedad o imprecisión, y menos que, de ser así la misma, fuera insalvable.
En el presente procedimiento la deuda tuvo su origen en una relación comercial de compraventa datada entre los meses de octubre y noviembre de 2013, la cual fue primero objeto del ejercicio de una pretensión monitoria frente a la sociedad mercantil deudora y posteriormente del ejercicio de una demanda en una acción de naturaleza ejecutiva, por la que está en trámite el procedimiento de ejecución de títulos judicial núm. 194/2016 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Vigo, sin que conste el pago de la deuda.
En el ámbito de la LEC el art. 518 LEC regula la caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, resolución arbitral o acuerdo de mediación, señalando que
En las ejecuciones forzosas ante la jurisdicción civil, el art. 518 LEC ha venido a completar y concretar lo dispuesto en el art. 1971 CC, aunque en aquel se hable de caducidad y en este de prescripción. Por lo tanto, en la actualidad, el plazo a que hace referencia el art. 1971 CC "para exigir el cumplimiento de las obligaciones declaradas en sentencia", a contar desde su firmeza, no es otro que el previsto en el art. 518 LEC. Por otra parte, pese a lo dispuesto en los arts. 1930.2 y 1961 ambos del CC, es evidente que existen en nuestro ordenamiento derechos y acciones imprescriptibles, como es el caso- sin vocación de exhaustividad-, además de la acción de reclamación de la filiación matrimonial ( art. 132.1 CC), de la acción de simulación absoluta, o la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas entre coherederos, condueños o propietarios, a las que se refiere el art. 1965 CC, la acción de rendición de cuentas entre coherederos, las acciones meramente declarativas y, entre ellas, la de la cualidad de heredero, una vez producida la aceptación de la herencia, y la acción para reclamar la nulidad radical.
Por lo demás, en la jurisdicción civil una vez iniciada la ejecución forzosa "la falta de impulso del procedimiento por las partes o interesados no originará la caducidad" ( art. 236 LEC) y las actuaciones "se podrán proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado" sin que le afecte la paralización del procedimiento ( art. 239.2 LEC). De hecho, el legislador ha previsto exclusivamente una sola causa de finalización de la ejecución forzosa, al disponer que "sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante" ( art. 570 LEC). En efecto, como se advierte en la Exposición de Motivos (EM) de la LEC al comentar las novedades legislativas de la ejecución forzosa (XVII) en la nueva ley procesal:
No tiene nada de extraño que se haya querido excluir la prescripción de las causas de extinción de la ejecución forzosa de títulos judiciales, si se tiene en cuenta que no concurren en dicho procedimiento los presupuestos justificantes de aquella, el abandono del derecho por el acreedor ejecutante y la seguridad jurídica, ajena al sentido estricto de Justicia, que exige una solución definitiva a los supuestos de incerteza, por ser incompatibles con la obligación del tribunal de impulsarlo de oficio y con la seguridad jurídica, esta sí perfectamente compatible con la idea de Justicia, que exige el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales en sus propios términos.
En consecuencia, no concurre en este procedimiento como causa de extinción específicas del procedimiento de ejecución forzosa la caducidad del procedimiento ( art. 239.2 LEC), ni la prescripción del derecho del acreedor ejecutante ( art. 570 LEC), además de no ser apreciable esta última de oficio en ningún caso.
Tampoco concurren este caso los elementos necesarios ni fácticos para que la acción entablada se estime prescrita. A estos efectos cabe trae a colación la doctrina sentada por la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 1ª, en una reciente sentencia, que sobre esta particular señala- Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) núm. 663/2022 de 9 noviembre. JUR 2022\384667, que establece:
Las anteriores consideraciones llevan a concluir que la acción ejercitada por el demandante no ha prescrito porque el examen de la información registral de la mercantil Álvarez Lago, SL, revela que, desde su constitución y, al menos, hasta la fecha en que se emite la información por el Registro Mercantil la parte demandada Sr. Agustín ha figurado como administrador único de dicha sociedad, sin que conste que aún hoy formalmente se haya llegado a inscribir su cese.
Para la estimación de la acción basada en la responsabilidad por deudas sociales es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2021, ROJ: STS 3016/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3016):
i) Que exista la deuda social (crédito contra la sociedad) que se reclama, pues se trata de una acción reservada a los acreedores de la sociedad.
ii) Que el demandado tenga la condición de administrador social de la mercantil deudora. Responderá de las deudas contraídas mientras es administrador, no tras su cese, pues la responsabilidad cesa con el cese efectivo en el cargo.
iii) Que concurra alguna de las causas de disolución de las sociedades de capital previstas en el artículo 363
iv) Que el administrador social haya quebrantado su deber fiduciario, que impone a los administradores la obligación de convocar junta general para que adopte el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas, o (si la sociedad fuera insolvente) la obligación de promover el concurso. Si este acuerdo no puede ser logrado, ello no libera de responsabilidad a los administradores, a quienes se impone la obligación de subsidiaria de solicitar la disolución judicial de la sociedad.
v) Que la deuda reclamada haya nacido antes o después de la concurrencia de la causa de disolución alegada. Se presume que la deuda social es posterior, salvo que el administrador acredite que es anterior a la causa de disolución. Por tanto, es necesario que la deuda se contraiga (nazca) estando la sociedad incursa en causa de disolución.
vi) Que hayan transcurrido dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución. El plazo de dos meses debe computarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de la situación patrimonial de la sociedad, si hubieran obrado con la diligencia normal de su cargo.
A tales requisitos legales, la jurisprudencia (entre otras STS de 10 de noviembre de 2010) ha añadido otros dos, referidos a la imputación objetiva y subjetiva de la conducta pasiva al administrador. Así se exige:
vii) Que no exista causa justificadora del incumplimiento del deber por el administrador, pues cabría exonerar al administrador que demuestre que realizó una acción significativa para evitar o remediar el daño o que se encuentre ante la imposibilidad de evitarlo por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de la disolución o haberse encontrado ante una situación ya irreversible.
viii) Que exista buena fe en el ejercicio de la acción, pues si el acreedor demandante contrató con la sociedad a sabiendas de su situación de infracapitalización, no puede luego dirigirse contra sus administradores. Pero para excluir la responsabilidad del administrador no basta el mero conocimiento de la insolvencia por el actor, sino que deben concurrir circunstancias que permitan calificar la reclamación como contraria a la buena fe.
En cuanto a la naturaleza de la acción de responsabilidad por deudas, la doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, STS de 10 de noviembre de 2010) argumenta que nos encontramos ante una responsabilidad ex lege por incumplimiento de la obligación de convocar la Junta General, cuando la sociedad se encuentra en situación legal de disolución y no proceden los administradores a su disolución. De esta forma, conociendo los administradores que la entidad que administran se encuentra en situación legal de insolvencia y que no podrá hacer frente a las obligaciones futuras, al no ejercitar sus competencias para superar dicho obstáculo, bien mediante convocatoria de Junta General para que en su seno se adopten las medidas adecuadas, bien mediante la adopción de medidas que permitan superar la situación de insolvencia, abocan con su actuación a la sociedad a no responder de los créditos que se contraigan posteriormente a la mencionada situación. Podríamos concluir que nos encontramos ante una situación preconcursal que trata de proteger el crédito de los acreedores que contratan con una sociedad cuya solvencia económica permite augurar la insatisfacción del crédito a su vencimiento.
En el mismo sentido, procede hacer cita de la SAP, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 27 de julio de 2021 (ES:APB:2021:9493), que indica:
Además, en cuanto a la responsabilidad del administrador por deudas, ex art 367 TRLC, y la falta de depósito de cuentas, procede traer a colación la reciente Sentencia de la Sala 1ª del STS de 29 de septiembre de 2021 (ROJ:STS 3524/2021-ECLI:ES:TS:2021:3524) (Pte.: Ilmo. Sr. Pedro Vela), en la que el TS recuerda que la
En el mismo sentido, anteriormente, la STS de 28 de mayo de 2020 vino, en primer lugar, a subrayar que la ley no hace responsable a los administradores de las deudas sociales por haber incumplido la obligación de la sociedad de depositar las cuentas anuales y recordó que la falta de depósito de las cuentas anuales no constituye por sí sola una prueba directa de la concurrencia de la situación de pérdidas. Ahora bien, reconoció que la jurisprudencia menor ha utilizado este hecho ("periférico") para acreditar la existencia del déficit patrimonial o de inactividad social y admite que pueda dar lugar a una inversión de la carga de la prueba, puesto que imposibilita a terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de insolvencia.
En el mismo sentido, la SAP de la Sección 15ª de Barcelona, de 28 de diciembre de 2020 recuerda:
La falta de presentación de las cuentas anuales por sí sola, no justifica la concurrencia de la causa de disolución. Es constante la jurisprudencia que establece que no es un elemento que por sí solo permita tener por acreditada la situación de pérdidas cualificadas, pero sí puede tomarse en consideración como hecho base de una presunción judicial, conforme al artículo 386 LEC, especialmente cuando existen otros elementos de prueba fruto del esfuerzo probatorio que es exigible a la parte actora. En este mismo sentido se pronuncia la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2021 (ROJ:STS 3524/2021-ECLI:ES:TS:2021:3524).
Teniendo en cuenta esta doctrina hemos de concluir que: en atención al principio de facilidad probatoria del art. 217.7 LEC, la falta de formulación y depósito de las cuentas debe perjudicar a quien por su condición de administrador de la compañía tiene acceso directo a dichas fuentes de prueba, por lo que la falta de formulación de las cuentas, en un caso como el enjuiciado, es motivo suficiente como para presumir que sociedad deudora se hallaba incursa en esa causa de disolución en el momento del nacimiento de las obligaciones sociales que ahora se reclaman y derivar la responsabilidad por impago de las deudas sociales al administrador de la sociedad. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de marzo de 2017 (Roj: SAP B 772/2017 - ECLI:ES:APB:2017:772) refiere, sobre este particular, que
A partir de ahí juega la presunción legal del apartado segundo del artículo 367, por el que las obligaciones reclamadas
Examinando el procedimiento que nos comprende, en relación con lo expuesto en el precedente fundamento de derecho. Resulta que, en atención a los hechos probados, concurren y están presentes todos y cada uno de los requisitos citados. Así:
1. La existencia de la deuda social que se encuentra justificada mediante la documentación aportada por la actora.
2. La demandada tenía desde la constitución de la sociedad mercantil deudora y hasta la interposición de la presente demanda la condición de administrador social de la mercantil deudora.
Por ello teniendo presente que, la responsabilidad del administrador se anuda al incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad, en estos casos, la ley erige al administrador social en garante solidario de las deudas surgidas a partir de su nombramiento, para el caso de que incumpla el deber de disolver en plazo legal la mercantil. Así que, el alcance de la responsabilidad solidaria del administrador alcanza a la totalidad de la deuda reclamada, surgida desde que asumió el cargo de administrador social en tanto en cuanto la sociedad continuar incursa en causa de disolución. Lo que se justifica en el espíritu de esta norma que radica en el hecho de hacer responder, solidariamente, al administrador social de las deudas contraídas por la mercantil incursa en causa de disolución ante el incumplimiento de un deber legal cual es el de disolver la mercantil dentro del plazo legal, desde su nombramiento- vid. STS 601/2019, de 8 de noviembre de 2019 (ROJ: STS 3526/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3526).
Por lo que, de estar incursa la sociedad mercantil Álvarez Lago, SL en causa de disolución a partir del ejercicio 2012, la demandada habrá de responder de la deuda.
3. Concurrencia de alguna de las causas de disolución de las sociedades de capital.
En el presente caso, la causa de disolución invocada es que la sociedad de capital deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
Para apreciar la existencia de esta causa de disolución debe compararse el patrimonio neto contable y el capital social (y debe apreciarse que concurre cuando la cifra del patrimonio neto no alcanza a cubrir la mitad del capital social, por mínima que sea la diferencia cuantitativa), a no ser que se restablezca el equilibrio patrimonial (a través de una operación de reducción o de ampliación del capital) y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
En el presente caso, la actora alega y acredita (mediante la información registral que acompaña con la demanda) que la sociedad deudora no depositó sus cuentas desde el año 2004 (inclusive) en el Registro Mercantil.
Ante ello, la actora se halla imposibilitada para acreditar si en el ejercicio en que se generó la deuda aquella mercantil estaba o no incursa en dicha causa de disolución. Debemos recordar que la falta de presentación de las cuentas anuales no determina, por sí sola, la existencia de la causa de disolución (pues la falta de formulación, aprobación o depósito de las cuentas anuales, si bien privan a los terceros del conocimiento de la situación patrimonial de la compañía, no constituye prueba directa de la situación de pérdidas), pero sí constituye un indicio de la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas cualificadas, que habrá de ser valorado con el resto de material probatorio y, en todo caso, conduce a una inversión de la carga de la prueba, por aplicación del principio de disponibilidad y facilidad probatoria (217.6 LEC), que desplaza a la administrada demandada la carga de probar que no se da el desbalance patrimonial, por serle más fácil y accesible de acreditar que a la actora.
Es irracional pretender que el incumplimiento de una obligación derive en un beneficio para el incumplidor, en cuanto deja sin prueba a la contraparte de datos objetivos muy importantes, de modo que incumbirá al actor acreditar lo que puede acreditar en estas circunstancias (la falta de pago de los suministros, el cierre de hecho- hecho este acreditado en este procedimiento habida cuenta de la imposibilidad de citación de la entidad mercantil codemandada en su domicilio social-, la desaparición del tráfico sin liquidación alguna,...) y será a cargo del administrador demandado probar que la sociedad no ha sufrido disminución de su patrimonio en términos que le obligasen a convocar junta para adoptar el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas.
A lo expuesto se ha de añadir que la presunción de que la deuda es posterior a la causa de disolución- ex art. 367.2 LSC-, que admite prueba en contrario, solo cede si se acredita que en el momento en que se contrajo la obligación el patrimonio neto de la sociedad superaba la mitad del capital social, hecho que no ha quedado acreditado en el caso que nos ocupa. Sin que la documental aportada por la demandada pueda estimarse suficiente para acreditar ese hecho, ante la falta de presentación del impuesto de sociedades o de un informe pericial que así lo acredite.
La parte demandada comparecida en autos, administración social, no ha aportado documentación contable alguna (libros de comercio, balance trimestral o prueba testifical adicional) que desvirtúe la citada presunción.
Partiendo de ello y como indica la SAP, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 27 de julio de 2021 (ES:APB:2021:9493):
Y ese conocimiento debe ser tal que le permita acreditar en cualquier momento con los soportes contables, que la sociedad en el momento en que contrajo la deuda no estaba incursa en causa de disolución por pérdidas cualificadas, lo que no ha acreditado la parte demandada en el presente procedimiento, por lo que no se ha destruido la presunción del art. 367 TRLSC.
4. El administrador social ha quebrantado el mandato que impone a los administradores la obligación de convocar junta general para que adopte el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas, o (si la sociedad fuera insolvente) la obligación de promover el concurso. En el presente caso, consta acreditado que la mercantil se hallaba incursa en causa de disolución y su administrador no cumplió dicho mandato de promover la disolución y liquidación de la sociedad, para ajustar la realidad jurídica registral a la realidad fáctica y ofrecer con ello una seguridad suficiente en el tráfico jurídico. Siendo ello así, debe responder solidariamente de las deudas sociales contraídas con posterioridad a su nombramiento.
5. Han transcurrido dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución. El plazo de dos meses debe computarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de la situación patrimonial de la sociedad, si hubieran obrado con la diligencia normal de su cargo. En el presente caso, ha transcurrido con creces dicho plazo de dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución y la interposición de la demanda.
A tales requisitos legales, la jurisprudencia ha añadido otros dos, referidos a la imputación objetiva y subjetiva de la conducta pasiva al administrador:
7. Que no exista causa justificadora del incumplimiento del deber por la administradora, pues cabría exonerar al administrador social que demuestre que realizó una acción significativa para evitar o remediar el daño o que se encuentre ante la imposibilidad de evitarlo por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de la disolución o haberse encontrado ante una situación ya irreversible, cuestión a la que ya se hizo mención, por lo que doy por reproducido lo ya expuesto en cuanto al cese y falta de legitimación pasiva.
8. Que exista buena fe en el ejercicio de la acción, pues si el acreedor demandante contrató con la sociedad a sabiendas de su situación de infracapitalización, no puede luego dirigirse contra sus administradores. En el presente caso, no existe elemento alguno que permita excluir la buena fe de la actora en el ejercicio de la acción. Ninguna prueba ha desplegado la parte demandada al respecto, limitándose a realizar meras conjeturas sobre la concurrencia de la buena fe carentes de apoyatura probatoria.
Por todo lo expuesto, ha quedado acreditado que la mercantil deudora se hallaba incursa en causa de disolución desde el menos el año 2012, sin que su administrador haya cumplido con los deberes legalmente establecidos.
Por ello procede estimar la demanda.
En lo que respecta a los intereses siendo la responsabilidad de la entidad mercantil deudora solidaria con la responsabilidad de los administradores sociales, por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de su cargo, los intereses devengados se corresponden con aquella que de forma accesoria devengue la deuda originaria cuyo computa se fijará en los autos de los procedimientos judiciales señalados en los antecedentes de hecho de esta resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, habiendo sido la demanda estimada íntegramente, las costas causadas en esta instancia se imponen a la parte demandada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que
Llévese el original al libro de sentencias.
Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncia, manda y firma, DOÑA AMELIA MARÍA PÉREZ MOSTEIRO, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra (sede en Vigo).