Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 337/2013 de 15 de Diciembre de 2015

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Vulneración del principio de confianza legítima, dada la imprevisible y sobrevenida modificación del marco regulatorio. Alcance indemnizatorio del pronunciamiento a la vista de la situación concreta de cada una de las empresas afectadas. Improcedencia de la indemnización cuando se ha accedido al registro de pre-asignación conforme a las disposiciones adicionales decimocuarta y cuarta de la Ley del Sector Eléctrico y del Real Decreto 313/2014, respectivamente. Cabe el resarcimiento, sin embargo, cuando los gastos en que se incurrió para obtener la inscripción en el registro de pre-asignación han devenido inútiles.