Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 559/2003 de 20 de Abril de 2006

La parte recurrente considera infringido el artículo 33.3 de la Constitución Española pues si bien la sentencia de instancia reconoce la condición de arrendatarias de ambas entidades recurrentes, sin embargo les niega el derecho a ser indemnizadas con base en una previa orden municipal de clausura de la actividad. El mencionado precepto constitucional, como es de sobra conocido, reconoce el derecho a la correspondiente indemnización, en el supuesto de ser privado de sus bienes y derechos por causa de utilidad pública o interés social "de conformidad con lo previsto por las leyes". Pues bien, en el supuesto de autos ---como sobradamente conocemos--- la Junta de Compensación acordó, y la Sala de instancia confirmó que el pretendido derecho por el que se solicitaba la indemnización carecía de virtualidad a tal efecto; se alegaba la existencia de una determinada relación arrendaticia que, por sus connotaciones personales, su ausencia de documentación pública y, en su caso, su carácter clandestino, los órganos administrativo y judicial que acabamos de citar consideraron insuficiente para resultar urbanísticamente indemnizable.