Sentencia Administrativo Nº 772/2004, Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 319/2002 de 22 de Octubre de 2004

El TSJ estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por la recurrente, anula los acuerdos recurridos que desestimó el recurso de alzada presentado por la citada recurrente contra el acuerdo de la Comisión Insular de Urbanismo que informó desfavorablemente a la solicitud de licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar por incumplir el requisito de parcela mínima y deberá la Administración demandada tramitar y resolver en cuanto al fondo de la reclamación presentada por responsabilidad por daños. Entiende la Sala que la Administración actuante al resolver sobre solicitud anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/99, aplicó por primera vez la Ley 9/99 el 12 de noviembre de 1999, pero ello se produjo mediante acuerdo que no agotaba la vía administrativa y como legítimamente cabría pretender que fuese anulado ya que era susceptible de ser recurrido en alzada, lo que así hizo la actora, al fin, para el inicio del cómputo del plazo de un año para presentar la reclamación ha de atenderse al pronunciamiento definitivo de la Administración actuante, esto es, al acuerdo, y no había transcurrido un año cuando se formuló la reclamación. En efecto, la actora bien pudo consentir el acuerdo originario, pero no solo no estaba obligada a hacerlo sino que tenía derecho, por vía del recurso de alzada, a contar con un pronunciamiento definitivo en sede administrativa. Por consiguiente, los acuerdos recurridos no son conformes a Derecho. El art. 25.4. de la Ley 6/97, en la redacción anterior a la dada por la Ley 9/99, contemplaba excepción a la regla general de 14.000 m2 de superficie mínima prevista en el apartado 2.