Sentencia Administrativo Nº 66/2004, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 177/2004 de 14 de Octubre de 2004

El TSJ desestima el recurso de apelación deducido por el actor, contra el auto recurrido sobre versando sobre resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que desestimó el recurso potestativo de reposición presentado frente a resolución, ordenando la restauración del orden jurídico perturbado por la construcción sin las preceptivas autorización, calificación territorial y licencia municipal, de una vivienda unifamiliar en suelo rústico. Entiende la Sala que dice el art. 130 de la LJCA que «únicamente» se adoptará la medida cautelar cuando la ejecución del acto administrativo impugnado haga perder su finalidad legítima al recurso. Se trata de un juicio prospectivo sobre la ejecutabilidad de la sentencia -presuntamente estimatoria- que en su día pueda dictarse. Dentro de este requisito, la demolición de una construcción unifamiliar impediría la ejecución directa de la sentencia presuntamente estimatoria pero no de una manera absoluta, porque siempre es posible la reconstrucción a cargo de la Administración y la indemnización de los perjuicios, salvo cuando se trata del domicilio del administrado, supuesto en que la Sala ha estimado que los perjuicio serían irreparables. El apelante indica que la vivienda constituye su domicilio, pero no aparece acreditada en autos. De la comparación de los intereses en conflicto se concluye que debe prevalecer el interés general, concretado en adecuar la realidad física alterada con las exigencias del planeamiento urbanístico.