Sentencia Administrativo Nº 61/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 692/2003 de 25 de Enero de 2007

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO (LEY 1998 ) Nº 692/2003

Partes: Constantino C/ T.E.A.R.C.

S E N T E N C I A Nº 61

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

Dª Mª JESÚS E. FERNÁNDEZ DE BENITO

Dª PILAR GALINDO MORELL

En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de enero de dos mil siete .

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 692/2003, interpuesto por D. Constantino , representado por el Procurador D. JORDI BASSEDAS BALLUS, contra T.E.A.R.C. , representado por el ABOgADO DEL ESTADO .

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Mª JESÚS E. FERNÁNDEZ DE BENITO , quien expresa el parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Procurador D. JORDI BASSEDAS BALLUS actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de 17 de marzo de 2003, por la que se inadmite a trámite la suspensión del acto del que deriva la reclamación nº NUM000 , solicitada por D. Constantino , en relación con la anulación de propuesta de liquidación definitiva ordenada por la Administración Tributaria.

Con apoyo en el artículo 76.6 de del Reglamento del Procedimiento en las Reclamaciones económico-administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo , basa la denegación de admisión a trámite de la suspensión en la falta de alegaciones o de justificación de concurrencia de los requisitos legales necesarios y por no aportar garantías alternativas suficientes o adecuadas por parte del contribuyente para otorgar la suspensión.

SEGUNDO.- Considera el recurrente que había cumplido los requisitos previstos en el artículo invocado de contrario, puesto que puso en conocimiento del TEARC las razones que le movían a solicitar la suspensión del acto administrativo, que no son otras que la imposibilidad de estar presente en España en la fecha en la que el actuario tributario había decidido realizar la visita de comprobación de datos fiscales de su empresa.

TERCERO.- Del examen de la documentación que obra en el expediente administrativo se desprende que: el 29 de noviembre de 2002 se incoó el acta modelo A01 núm. NUM001 , en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 1998, que fue firmada de conformidad; al mismo tiempo fue iniciado expediente sancionador, al que también prestó su conformidad el sujeto pasivo. No obstante lo anterior, el 10 de diciembre de 2002, la Inspectora Jefe Adjunta notificó al contribuyente que se deja sin efecto la propuesta de liquidación practicada y se ordena completar las actuaciones a efectos de realizar nuevas comprobaciones en el plazo máximo de tres meses.

Al impugnar el Sr. Constantino la anterior resolución ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, solicitó la suspensión del acto administrativo, aduciendo que ha de ausentarse en los tres meses siguientes para atender a clientes y proveedores en el extranjero. Acompaña al efecto certificación expedida por el propio titular del negocio investigado, Sr. Constantino .

En esta fase judicial, el recurrente ha acompañado sendas cartas que dice haber recibido de clientes italianos, en las que se le pide que acuda a presentar muestrarios en las fechas del 20 al 24 de enero de 2003.

El Abogado del Estado considera que nada impide la realización de las actuaciones inspectoras, pues incluso la notificación del acuerdo de la Inspección tributaria fue firmada por representante (hija del obligado), quien muy bien puede atender a los actuarios en su labor.

CUARTO.- El artículo 75 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo , que aprueba el Reglamento de procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, prevé la suspensión automática de la ejecución del acto administrativo impugnado desde el momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía bastante conforme a las normas del mismo artículo, y el artículo 76 siguiente dispone que: "1. Cuando el interesado no pueda aportar la garantía a que se refiere el artículo anterior, la ejecución del acto impugnado podrá ser, excepcionalmente, suspendida por el Tribunal Económico-Administrativo al que competa resolver la reclamación contra el mismo, en los términos que establece este artículo. 2 . El Tribunal podrá decretar la suspensión cuando se justifique por el interesado que la ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación y se ofrezca garantía suficiente, de cualquier tipo, para cubrir el importe a que se refiere el apartado 7 del artículo 74 . No obstante, aun cuando el interesado no pueda aportar garantía con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspensión si se aprecian los referidos perjuicios".

El apartado a que se hace referencia indica que, en su caso, la caución alcanzará a cubrir el importe de la deuda impugnada más el interés de demora que se origine por la suspensión.

QUINTO.- En numerosas sentencias de este Tribunal ha sido tratado el tema que se plantea en esta litis. Así, en nuestra sentencia núm. 475/05, de 5 de mayo, dictada en el recurso núm. 1290/2000 , se dice textualmente:

"El objeto de la litis ha de consistir precisamente en enjuiciar si la resolución impugnada se ajusta a derecho, esto es, a los preceptos del RPREA que han quedado mencionados, sin que el régimen de suspensión previsto legal y reglamentariamente para la vía económico-administrativa pueda ser sustituido por otro distinto, a conveniencia del interesado.

En tal sentido, resulta claro que el art. 74 RPREA establece en su apartado 1 que la reclamación económico- administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses, recargos y sanciones. Y el apartado 2 del mismo precepto añade que, no obstante, a solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el art. 75 .

b) Excepcionalmente, cuando el Tribunal que conozca de la reclamación contra el acto considere que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, en los términos previstos en los arts. 76 y 77 .

Por tanto, la regla general es la aportación de alguna de las garantías típicas (sustancialmente, aval bancario) reseñadas en el art. 75 , mientas que la suspensión del art. 76 lo es con carácter excepcional, subordinada a dos precisos requisitos de carácter sustantivo o material:

1.º) La imposibilidad de prestar alguna de tales garantías típicas, como resulta además del apartado 1 de tal art. 76 : "Cuando el interesado no pueda aportar la garantía a que se refiere el artículo anterior, la ejecución del acto impugnado podrá ser, excepcionalmente, suspendida por el Tribunal Económico-administrativo al que competa resolver la reclamación contra el mismo, en los términos que establece este artículo".

2.º) La concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, lo que se reitera en el art. 76.2 : "El Tribunal podrá decretar la suspensión cuando se justifique por el interesado que la ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación y se ofrezca garantía suficiente, de cualquier tipo, para cubrir el importe a que se refiere el apartado 7 art. 74 ".

Adicionalmente, se establecen en el propio RPREA otros igualmente precisos requisitos procedimentales:

A) El interesado dirigirá la solicitud de suspensión al Tribunal que conozca de la reclamación contra el acto que pretenda suspenderse, efectuando las alegaciones que estime oportunas en orden a acreditar la concurrencia de los requisitos señalados en los apartados uno y dos de este artículo, y adjuntando los documentos que lo acrediten. La solicitud no podrá pedir la apertura de un período de prueba, y si lo hiciese la petición se tendrá por no hecha (art. 76.4 ).

B) En la solicitud se indicará, en párrafos separados y diferenciados, la naturaleza, características, avalúo, descripción jurídica, y, según proceda, descripción física, técnica, económica, y contable, de la garantía que se ofrezca, con el suficiente detalle para que pueda ser examinada y, en su caso, constituida, sin ulteriores aclaraciones, modificaciones, o ampliaciones. Deberán adjuntarse los documentos que fundamenten lo indicado por el interesado, y en especial una valoración de los bienes ofrecidos en garantía efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes. Cuando se ofreciesen varias garantías, concurrente o alternativamente, se procederá para cada una de ellas en la forma descrita, de modo que queden totalmente diferenciadas, indicando si fuesen concurrentes o alternativas o se entenderá que son concurrentes, e indicando si fuesen alternativas el orden de preferencia o se entenderá que coincide con el orden en que aparecen descritas. Si el interesado no ofreciese garantía alguna lo indicará expresamente así. No obstante, cuando en la solicitud no se indicase las garantías ofrecidas, el Tribunal entenderá que no se ofrece garantía alguna (art. 76.5 ).

El incumplimiento de estos requisitos tiene como obligada consecuencia la inadmisión a trámite de la solicitud: A la vista de la solicitud y de la documentación aportada el Tribunal decidirá sobre su admisibilidad a trámite. Será rechazada cuando la solicitud no identifique el acto que pretende suspenderse, no contenga alegaciones o éstas no se refieran a la concurrencia de los requisitos legales, no adjunte documento alguno en acreditación de lo alegado o los que adjuntase no se refiriesen a tal acreditación. También será rechazada cuando de las alegaciones y documentos presentados resulte manifiesto, a juicio del Tribunal, que no concurren los requisitos legales, o que la garantía ofrecida es insuficiente o inadecuada y no cupiese otorgar la suspensión sin ella (art. 76.6 )".

Así, está claro que en el presente caso, la concurrencia de ambos requisitos: aportación de garantías o justificación de la imposibilidad de obtenerlas y acreditación fehaciente de los perjuicios que el acto administrativo pudiera ocasionar al recurrente, es necesaria y acumulativa y no habiéndose cumplido por quien interesa la suspensión con ambas premisas, la resolución del TEARC es adecuada y correcta en derecho, por lo que debe ser confirmada, con independencia de cualés fueron las razones que le movieron a solicitar la suspensión.

SEXTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas procesales, al no apreciarse los requisitos legales necesarios para ello.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de D. Constantino contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña mencionada más arriba, declarando dicha resolución ajustada a derecho, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas procesales.

Notifiquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y remitase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquella a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.