Auto Constitucional Nº 11/2020, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Impugnación de disposiciones autonómicas 5813/2018 de 28 de Enero de 2020

Estima el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017; acuerda la notificación personal del auto y la deducción de testimonio de particulares.Se resuelve un incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, dictada en proceso de impugnación de disposiciones autonómicas, que declaró inconstitucionales y nulos algunos incisos de la resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia. El incidente fue presentado frente a dos acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña que admiten a trámite una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre. En concreto, se impugna el siguiente inciso: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía”.Se estima el incidente de ejecución y se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso impugnado, pues su contenido es contrario a lo decidido en la STC 98/2019. La propuesta de resolución insiste en un pronunciamiento del Parlamento de Cataluña que ya ha sido declarado inconstitucional y nulo. Por tanto, su admisión a trámite contraviene lo ya decidido y advertido en repetidas ocasiones por el Tribunal Constitucional.Asimismo, el auto dispone la notificación personal de lo resuelto al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento, advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o eludir lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Por último, se resuelve deducir testimonio a fin de que el ministerio fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a diversos funcionarios.