Auto CIVIL Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 5983/2018 de 07 de Abril de 2021

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 07/04/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 5983/2018

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 13 DE BARCELONA

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: CMB/MJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 5983/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

D. José Luis Seoane Spiegelberg

En Madrid, a 7 de abril de 2021.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Antecedentes

PRIMERO.-La representación procesal de Banco Sabadell, S.A. presentó escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada con fecha 3 de septiembre de 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13.ª, en el rollo de apelación nº 1000/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 431/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Barcelona.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación de la Audiencia Provincial se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

TERCERO.-La procuradora D.ª Blanca M. Grande Pesquero, en nombre y representación Banco Sabadell, S.A. presentó escrito ante esta Sala de fecha 19 de diciembre de 2018, personándose en calidad de parte recurrente. El procurador D. Federico Gordo Romero, en nombre y representación de la entidad mercantil La Reservilla, S.L. y D. Epifanio, presentó escrito ante esta Sala de fecha 20 de diciembre de 2018 personándose en calidad de parte recurrida.

CUARTO.- Por providencia de fecha 17 de febrero de 2021 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

QUINTO.-Mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2021 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que los recursos cumplen todos los requisitos exigidos en la LEC, mientras que la parte recurrida mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2021 se ha manifestado conforme con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto por la providencia de esta Sala de fecha 17 de febrero de 2021.

SEXTO.-Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Fundamentos

PRIMERO.- Los presentes recursos se interponen contra una sentencia recaída en juicio ordinario en que la parte demandante, la entidad mercantil La Reservilla, S.L. y D. Epifanio, se dirige contra la entidad Banco Sabadell, S.A., en ejercicio una acción de nulidad radical, por infracción por parte de la demandada de normas imperativas y de la buena fe, ex art. 6.3 CC, de la adquisición de una cartera de inversiones formada por productos estructurados y, subsidiariamente, una acción de anulabilidad, ex art. 1300 y 1.301 CC, por error vicio en el consentimiento. Subsidiariamente, y para el supuesto de que no prosperara la acción de nulidad, ejercita una acción resolutoria, ex art. 1124 CC, al haber incurrido la demandada en un incumplimiento de sus obligaciones en relación a deber de información, incumplimiento que deviene bastante para operar como causa resolutoria, resarciendo los perjuicios derivados de aquél. Y aun subsidiariamente, de no prosperar las anteriores, ejercita una acción indemnizatoria, ex art. 1101 CC, solicitando que la demandada indemnice al demandante en los daños y perjuicios causados por causa de su deficiente y negligente actuación en la comercialización de los productos financieros complejos, que cuantifica en la suma de 2.132.471, 23 euros. Alegan, en esencia, para fundar su demanda que el Sr. Epifanio es administrador único de la mercantil La Reservilla dedicada a explotación de fincas rústicas, en régimen de propiedad o alquiler, para usos ganaderos, forestales y cinegéticos, y que, tras haber procedido el 21 de febrero de 2008 a vender una finca propiedad de ésta, el precio obtenido se destinó parte a pagar una deuda que tenía con Banco Urquijo y el resto, siguiendo el asesoramiento de dicha entidad, se invirtió mediante la contratación de una cartera de inversiones, sin llegar a especificar la composición, complejidad y riesgos de la misma. Así, confiando en el asesoramiento de la demandada, el Sr. Epifanio suscribió, como administrador de La Reservilla SL y en su nombre e interés, tres plazos fijos por valor total de 6.000.000€ y, además, entre marzo de 2008 y diciembre de 2009 suscribió seis productos financieros de alto riesgo, con importe nominal de 4.400.000 euros elegidos por la entidad demandada, sin existir concierto con el Sr. Epifanio acerca de los mismos. Sostiene la parte actora que la demandada no cumplió con los deberes de información que le impone la normativa vigente ni al tiempo de la contratación ni posteriormente, durante la vigencia de la inversión, pues, si bien al poco de suscribir los productos empezaron a generar pérdidas, no se informó de este hecho al Sr. Epifanio hasta primeros del 2011, habiéndose producido pérdida del capital invertido, lo que hasta entonces no había sido una posibilidad contemplada por el Sr. Epifanio, ni siquiera comentada por la entidad. Afirma que el test de idoneidad no se efectuó hasta tres meses después de la contratación de los distintos bonos estructurados y que le recomendaron la contratación de unos productos financieros muy complejos que no eran adecuados al perfil conservador del actor y que en ningún momento le informaron de sus características ni de los riegos asumidos con su suscripción, en especial de la posibilidad de pérdida del capital invertido.

La parte demandada, Banco Sabadell, S.A. (entidad bancaria que absorbió a Banco Urquijo), tras alegar la falta de competencia territorial del Juzgado ante el que se interpone la demanda e invocar las excepciones de falta de legitimación activa del Sr. Epifanio y de caducidad de las acciones de nulidad así como su extinción por confirmación del contrato, se opone en cuanto al fondo a todas las pretensiones articuladas en la demanda, negando tanto la existencia de error vicio, al no cumplirse los requisitos legal y jurisprudencialmente exigibles, ya que simplemente no se han cumplido las expectativas del cliente, como un incumplimiento contractual que justifique la indemnización de perjuicios interesada.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda. Dicha resolución, tras desestimar la nulidad de pleno derecho por violación de normas imperativas así como nulidad por error en el consentimiento y la acción resolutoria de los contratos, estima la acción de indemnización de daños y perjuicios contemplada en el art. 1101 CC, declarando la negligencia por parte de la demandada, en el cumplimiento de sus obligaciones de lealtad, información, y diligencia, y en particular, en su obligación de seguimiento de la posición del demandante, omitiendo información sobre el valor de mercado respecto de los productos contratados, y condena a la demandada a indemnizar a la demandante en 1.886.162 euros por los daños y perjuicios causados, más los intereses legales de dicha cantidad desde demanda. Dado que se trata de una estimación parcial, no efectúa una especial imposición de las costas.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, Banco Sabadell, S.A. alegando, en esencia, que la misma incurre en error en la valoración de la prueba respecto a la existencia de un supuesto asesoramiento negligente por su parte así como respecto al incumplimiento de sus deberes de información, dado que la información proporcionada por Banco Urquijo fue en todo momento clara, precisa y veraz, advirtiendo al cliente de los riesgos existentes.

En consecuencia, en apelación, quedaron firmes, por consentidos, al no haber sido impugnados por ninguna de las partes, los pronunciamientos desestimatorios de las acciones de nulidad y resolutoria, quedando ceñido el ámbito de la segunda instancia a la atribución a la entidad bancaria de un incumplimiento de sus deberes de información puntual, leal, completa y veraz que de lugar a la obligación de resarcir los perjuicios que de él se hayan derivado. Por otra parte, ambas partes se han aquietado a la cuantificación de la indemnización, pronunciamiento que, en su caso, queda igualmente excluido del objeto de la apelación. En definitiva, la controversia en la segunda instancia quedó limitada a determinar si la demandada incurrió en un incumplimiento de sus deberes de información que comporte la obligación de resarcir a la mercantil actora por los perjuicios que de éste se deriven

La sentencia de apelación desestimó el recurso interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia. A tal fin, en su Fundamento de Derecho Segundo, señala que de la prueba practicada en autos resulta acreditado que Banco Urquijo, a través del Sr. Gines, realizó funciones de asesoramiento en relación a las inversiones objeto del procedimiento; así resulta, de las declaraciones testificales vertidas en el acto del juicio, incluida la del propio Sr. Gines, puestas en relación con la documental aportada, así como la existencia de un negligente cumplimiento del deber legal de información lo que apoya en que los test de conveniencia e idoneidad no se realizaron con carácter previo a la contratación, lo que supone un incumplimiento de la normativa. Que tanto La Reservilla como el Sr. Epifanio han de ser calificados de minoristas y éste último, según resulta de lo actuado, tenía un claro perfil prudente (así resulta de la valoración conjunta de la prueba, especialmente, de la ausencia de inversiones anteriores de este tipo y de la declaración testifical del Sr. Humberto, empleado de Banco Popular, entidad con la que también operaba aquél), calificación que, dada la composición societaria y el carácter de administrador único del Sr. Epifanio, resulta extensiva a la mercantil, con lo que el tipo de producto en que se invirtió siguiendo el consejo y asesoramiento de la entidad demandada no era adecuado al perfil de la actora. este tribunal considera que no ha resultado probado que la demandante recibiera una información previa adecuada sobre los riesgos de la inversión. Añade que en el caso de autos no consta que se diera información documental previa y con antelación suficiente que permitiera al contratante conocer las características del producto y sus riesgos. La documentación contractual se limita a la orden de compra suscrita que ni detalla las características y funcionamiento del producto ni contiene mención alguna a sus riesgos y no queda suficientemente acreditado que se entregaran al Sr. Epifanio (o a mandatario apoderado en su nombre) los anexos. En definitiva, de todo ello se sigue la insuficiencia de la información precontractual facilitada o cuanto menos la falta de prueba sobre su adecuación. Por último indica que las distintas 'órdenes de operación suscritas' para la adquisición de los bonos estructurados sólo contienen datos que permiten identificar el producto, la fecha, las cantidades invertidas y las cuentas relacionadas, pero no contienen referencia alguna a sus características ni riesgos que comporta su suscripción.

Contra dicha resolución se ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de casación por la parte demandante, Banco Sabadell, S.A., al amparo del ordinal 2º del artículo 477.2 de la LEC, habida cuenta que la cuantía del procedimiento es superior a los 600.000 euros.

SEGUNDO.- El escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal se articula en dos motivos.

En el motivo primero, al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC, se alega la infracción del artículo 24 de la CE, denunciando la existencia de error patente o irracionalidad en la valoración de la prueba documental, en concreto en relación con el documento nº 9 de la demanda y los documentos números 1 a 6 de la contestación a la demanda, en relación con el conocimiento de los riesgos por parte del demandante.

Por último, en el motivo segundo, al amparo del ordinal 2º del artículo 469.1 LEC, se alega la incongruencia interna de la sentencia en relación con el cumplimiento del deber de información.

El escrito de interposición del recurso de casación se articula en un único motivo en el que tras citar como precepto legal infringido el artículo 7.1 del Código Civil, se denuncia la infracción de la doctrina de los actos propios. A tal fin la parte recurrente revisa la prueba practicada para concluir que el consentimiento a la suscripción del nuevo producto con el acreditado conocimiento de las pérdidas confirma que el cliente entendió perfectamente las características de los productos y, por lo tanto, no hubo déficit informativo alguno en este sentido.

Utilizado por la parte recurrente el cauce del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC para acceder a la casación dicho cauce es el adecuado habida cuenta que el procedimiento se tramitó en atención a su cuantía, superando la misma la suma de 600.000 euros, siendo por tanto la Sentencia susceptible de ser recurrida en casación y, por tanto, en infracción procesal.

TERCERO.-Siendo la Sentencia recurrida susceptible de recurso de casación al amparo del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC, como se acaba de indicar, procede examinar en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal articulado por la parte recurrente.

Dicho recurso incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 473.2.2º de la LEC ) por las siguientes razones:

a) Alegado en el motivo primero la existencia de un error patente en la valoración de la prueba, examinando a tal fin la prueba documental practicada para concluir el conocimiento de los riesgos por parte del demandante, lo verdaderamente pretendido por la parte recurrente es una nueva valoración de toda la prueba practicada según su propio análisis, distinto del de la sentencia recurrida, convirtiendo el recurso extraordinario por infracción procesal en una tercera instancia, pretensión incompatible con la naturaleza de un recurso no ordinario sino extraordinario como es el regulado en los arts. 469 a 476 LEC ( SSTS 4-1-10, 13-11-09, 18-6-09 y 22-5-09 entre otras muchas).

Es doctrina reiterada de esta Sala, como señala la sentencia de esta Sala de 4 diciembre 2007 que '[...] la valoración probatoria sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casación mediante un soporte adecuado, bien la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba, en cuanto, según la doctrina constitucional, comporta la infracción del derecho la tutela judicial efectiva ( SSTS de 20 de junio de 2006, 17 de julio de 2006 ), bien la infracción de una norma concreta de prueba que haya sido vulnerada por el juzgador ( SSTS de 16 de marzo de 2001, 10 de julio de 2000 , 21 de abril y 9 de mayo de 2005, entre otras). En defecto de todo ello, la valoración de la prueba es función de la instancia y es ajena a la casación -y ahora al recurso extraordinario por infracción procesal- ( SSTS 8 de abril de 2005, 29 de abril de 2005, 9 de mayo de 2005, 16 de junio de 2006, 23 de junio de 2006, 28 de julio de 2006 y 29 de septiembre 2006, entre las más recientes) [...]'.

Igualmente es doctrina de esta Sala que cuando la sentencia recurrida ha establecido los hechos mediante una apreciación conjunta de la prueba -como es el caso de la sentencia impugnada- no es lícito articular un motivo para desarticularla, a fin de que prevalezca un elemento probatorio sobre otros ( SSTS de 17 de diciembre de 1994, RC n.º 1618/1992, 16 de mayo de 1995, RC n.º 696/1992, 31 de mayo de 1994, RC n.º 2840/1991, 22 de julio de 2003, RC n.º 32845/1997, 25 de noviembre de 2005, RC n.º 1560/1999), ni plantear cuestiones que implican la total revisión de la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia Provincial, lo que es impropio de la naturaleza y función del recurso extraordinario por infracción procesal, pues se convertiría en una tercera instancia ( STS de 29 de septiembre de 2009, RC n.º 1417/2005).

En consecuencia, teniendo la valoración de la prueba únicamente acceso al recurso extraordinario por infracción procesal cuando se conculque el art. 24.1 de la Constitución por incurrirse en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad (la cual puede darse cuando se desconoce una norma de prueba legal o tasada), el motivo ha de ser objeto de inadmisión pues se pretende una revisión probatoria del conjunto de la sentencia a modo de tercera instancia.

b) En cuanto al motivo segundo, en el que se denuncia la incongruencia interna de la sentencia en relación con el cumplimiento del deber de información, debemos recordar que la STS de 18 mayo 2012 (núm. 294/ 2012), señala que constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-jurídica STS de 14 de abril de 2011) la confrontación entre su parte dispositiva -dictum y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio -petitum- o pretensión solicitada, (ST de 13 de junio de 2005). De esta forma, la congruencia no se mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988, y 20 de diciembre de 1989. En esta línea, y en términos generales, también hay que señalar que las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas de incongruencia por entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito, salvo casos especiales ( SSTS de 10 de diciembre de 2004 y 5 de febrero de 2009).

A la vista de lo expuesto ninguna incongruencia existe en el presente caso en tanto que la sentencia de apelación, pese a lo afirmado por la hoy recurrente, tras la valoración de la prueba, concluye que la entidad demandada, hoy recurrente no cumplió con su deber de información sobre la naturaleza del producto y sus riesgos, cosa distinta es que la parte recurrente muestre su disconformidad con las conclusiones alcanzadas por la resolución recurrida tras la valoración de la prueba, más ello no constituye incongruencia alguna pues la parte recurrente identifica la incongruencia de la sentencia con la motivación desfavorable a sus intereses, y su actuación se dirige, más que a intentar justificar esa incongruencia, a exponer sus discrepancias con las apreciaciones fácticas y el resultado de la valoración probatoria, algo que, como tiene declarado esta Sala, nada tiene que ver con la incongruencia formalmente alegada (entre otras, SSTS 7-6-2006, 18-10-2007 29-2-2008, 10-10-2012 y 20-7-2015).

CUARTO.- Una vez determinada la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto procede examinar el recurso de casación formulado por la parte recurrente.

Dicho recurso tampoco puede ser objeto de admisión al incurrir en la causa de carencia manifiesta de fundamento en tanto que no respeta la valoración probatoria de la sentencia recurrida al partir de que el consentimiento a la suscripción del nuevo producto con el acreditado conocimiento de las pérdidas confirma que el cliente entendió perfectamente las características de los productos y, por lo tanto, no hubo déficit informativo alguno en este sentido. Con ello se obvia el hecho de que la sentencia recurrida, tras la valoración de la prueba, en su Fundamento de Derecho Segundo, concluye que Banco Urquijo, a través del Sr. Gines, realizó funciones de asesoramiento en relación a las inversiones objeto del procedimiento; así resulta, de las declaraciones testificales vertidas en el acto del juicio, incluida la del propio Sr. Gines, puestas en relación con la documental aportada, así como la existencia de un negligente cumplimiento del deber legal de información lo que apoya en que los test de conveniencia e idoneidad no se realizaron con carácter previo a la contratación, lo que supone un incumplimiento de la normativa. Que tanto La Reservilla como el Sr. Epifanio han de ser calificados de minoristas y éste último, según resulta de lo actuado, tenía un claro perfil prudente (así resulta de la valoración conjunta de la prueba, especialmente, de la ausencia de inversiones anteriores de este tipo y de la declaración testifical del Sr. Humberto, empleado de Banco Popular, entidad con la que también operaba aquél), calificación que, dada la composición societaria y el carácter de administrador único del Sr. Epifanio, resulta extensiva a la mercantil, con lo que el tipo de producto en que se invirtió siguiendo el consejo y asesoramiento de la entidad demandada no era adecuado al perfil de la actora. este tribunal considera que no ha resultado probado que la demandante recibiera una información previa adecuada sobre los riesgos de la inversión. Añade que en el caso de autos no consta que se diera información documental previa y con antelación suficiente que permitiera al contratante conocer las características del producto y sus riesgos. La documentación contractual se limita a la orden de compra suscrita que ni detalla las características y funcionamiento del producto ni contiene mención alguna a sus riesgos y no queda suficientemente acreditado que se entregaran al Sr. Epifanio (o a mandatario apoderado en su nombre) los anexos. En definitiva, de todo ello se sigue la insuficiencia de la información precontractual facilitada o cuanto menos la falta de prueba sobre su adecuación. Por último indica que las distintas 'órdenes de operación suscritas' para la adquisición de los bonos estructurados sólo contienen datos que permiten identificar el producto, la fecha, las cantidades invertidas y las cuentas relacionadas, pero no contienen referencia alguna a sus características ni riesgos que comporta su suscripción. Aspectos los señalados que resultan totalmente omitidos en el recurso.

En consecuencia, la parte recurrente se limita a desconocer la base fáctica de la sentencia recurrida, incurriendo en el defecto de petición de principio o hacer supuesto de la cuestión al formular su impugnación dando por sentado aquello que falta por demostrar. A tales efectos se debe recordar que es doctrina constante de esta Sala que la casación no constituye una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de apelación, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada ( sentencias núm. 142/2010, de 22 de marzo; 56/2011, de 23 febrero; 71/2012 de 20 febrero; 669/2012, de 14 de noviembre; 147/2013, de 20 de marzo; 5/2016, de 27 de enero y 41/2017, de 20 de enero; entre otras muchas). Como consecuencia de lo cual, en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida, lo que en el presente caso no hace el recurrente.

En la medida que esto es así la parte recurrente articula el recurso de casación invocando la infracción de normas sustantivas desde una contemplación de los hechos diferente a la constatada por la Sentencia recurrida, partiendo de una base fáctica diversa a la constatada por la resolución recurrida tras la valoración de la prueba ya que si bien con carácter previo se articuló el pertinente recurso extraordinario por infracción procesal no se atacó la base fáctica de la sentencia recurrida de forma adecuada con lo que el sustrato fáctico allí fijado y que sirve de apoyo a las conclusiones de la resolución recurrida deben mantenerse incólumes en casación, de suerte que respetada tal base fáctica ninguna infracción de las normas alegadas se ha producido.

Las razones expuestas justifican la inadmisión de los recursos interpuestos sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en los recursos ahora examinados.

QUINTO.- Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos, con firmeza de la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

SEXTO.- Siendo inadmisibles los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación la parte recurrente perderá los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

SÉPTIMO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.

Fallo

LA SALA ACUERDA:

1º)Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Banco Sabadell, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 3 de septiembre de 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13.ª, en el rollo de apelación nº 1000/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 431/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Barcelona.

2º)Declarar firme dicha sentencia.

3º)Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.

4º)Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 483.5 y 473.3 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.