Auto CIVIL Nº 57/2020, Au...ro de 2020

Última revisión
17/09/2017

Auto CIVIL Nº 57/2020, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 384/2018 de 13 de Febrero de 2020

Tiempo de lectura: 29 min

Tiempo de lectura: 29 min

Relacionados:

Orden: Civil

Fecha: 13 de Febrero de 2020

Tribunal: AP - Tarragona

Ponente: PERARNAU MOYA, JOAN

Nº de sentencia: 57/2020

Núm. Cendoj: 43148370032020200053

Núm. Ecli: ES:APT:2020:116A

Núm. Roj: AAP T 116:2020


Voces

Cláusula contractual

Contrato de préstamo

Cláusula abusiva

Clausula contractual abusiva

Plazo de contrato

Cláusula suelo

Ejecución hipotecaria

Prejudicialidad

Demanda ejecutiva

Contraprestación

Hipoteca

Retroactividad

Nulidad del contrato

Contrato de préstamo hipotecario

Cuestiones prejudiciales

Conversión de la divisa

Divisa extranjera

Euribor

Prestatario

Condiciones del contrato

Contrato de hipoteca

Negocio jurídico

Préstamo hipotecario

Nulidad total del contrato

Elementos esenciales del contrato

Partes del contrato

Contrato de adhesión

Intereses de demora

Autonomía de la voluntad

Intereses ordinarios

Fase precontractual

Condiciones generales de la contratación

Objeto del contrato

Tipos de interés

Variabilidad del interés

Mora en el pago

Interés remuneratorio

Encabezamiento

Secció núm. 03 de l'Audiència Provincial de Tarragona. Civil

Avinguda Presid. Lluís Companys, 10 - Tarragona

43005 Tarragona

Tel. 977920103

Fax: 977920113

A/e: aps3.tarragona@xij.gencat.cat

NIG 4314842120170042408

Recurs d'apel·lació 384/2018 D

Matèria: Execució sobre béns hipotecats o pignorats

Òrgan d'origen: Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Tarragona

Procediment d'origen: Execució hipotecària 251/2017

Part recurrent / Sol·licitant: Violeta

Procurador/a: Montserrat Vellve Foix

Advocat/ada: Joaquim Fibla Valls

Part contra la qual s'interposa el recurs: TARGOBANK, S.A.

Procurador/a: Immaculada Amela Rafales

Advocat/ada: Miguel Angel Pazos Moya

INTERLOCUTÒRIA 57/2020

MAGISTRATS

Il·lm. Sr. JOAN PERARNAU MOYA (President i Ponent)

Il·lm. Sr. LUIS RIVERA ARTIEDA

Il·lm. Sr. MANUEL GALAN SANCHEZ

Tarragona, 13 de febrer de 2020

Vist en aquesta Secció 3a de l'Audiència Provincial recurs d'apel·lació interposat per Violeta contra Interlocutòria del Jutjat de 1a Instància 8 de Tarragona de data 12-1-2018, en procediment d'Execució hipotecària 251/17, en el que figura com a executant Targobank S.A. i com a part executada la recurrent i els ignorats hereus de Pascual.

Antecedentes

PRIMER.- La resolució d'instància desestima l'oposició, fent imposició de costes a la executada.

SEGON.-Es va presentar per Violeta recurs d'apel·lació contra la resolució d'instància.

TERCER.-Targobank S.A. es va oposar al recurs.

QUART.-En la tramitació del present procediment, en aquesta alçada, s'han observat les normes i formalitats legals.


Fundamentos

PRIMER.-Contra resolució que desestima l'oposició, s'al·lega per l'executada, en primer lloc a resoldre, manca de legitimació activa.

Cap manca de legitimació activa hi ha. Amb la demana s'acompanya nota simple del registre (doc. 5 de la demanda) de que la hipoteca es troba inscrita al Registre de la Propietat a favor de l'executant, abans Banco Popular Español S.A.

SEGON.-S'al·lega per l'executada, en segon lloc a resoldre, que seria abusiva la clàusula contractual relativa al venciment anticipat, demanant l'arxiu del procediment.

1. La STS de 8-1-2020 estableix que ' En la sentencia 463/2019, de 11 de septiembre (dictada en el procedimiento en que se planteó la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la STJUE de 26 de marzo de 2019, aportada por la recurrida mientras se tramitaba el recurso de casación), hemos establecido que, para evitar una nulidad del contrato que exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, podría sustituirse la cláusula anulada por la aplicación del art. 693.2 LEC -como expresamente indican las resoluciones del TJUE de 26 de marzo de 2019 y 3 de julio de 2019, especialmente el auto de esta última fecha recaído en el asunto 486/2016 -. Pero no en su literalidad, sino conforme a la interpretación de dicho precepto que ya habíamos hecho en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de18 de febrero .

Es decir, que los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida y la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo'.

2. La STS 463/2019, d'11 de setembre, declara que: ' Deben interpretarse conjuntamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y el ATJUE de 3 de julio de 2019 en el asunto C-486/16 , con la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso C- 415/11 (Aziz), y con nuestra jurisprudencia, de tal manera que, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que ver cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las posibilidades de reacción del consumidor.

Y dentro de dicha interpretación, puede ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-51/2017 ( OTP Bank Nyrt ) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y conclusión segunda)'.

3. Seguidament el TS facilita les següents orientacions ' para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI (Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos: i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses. ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses) deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición transitoria primera 4ª de la Ley 5/2019 . Y ello, porque:

El art. 693.2 LEC , en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.

La disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma'.

4. Per tant, i en conclusió, (i) el que estableix l' art. 693.2 LEC (després de la redacció donada per la Llei 1/2013, que fixa 3 mensualitats impagades) són els mínims exigibles, sent tal norma no imperativa sinó dispositiva; (ii) complint-se tals mínims, llavors ' los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia',és a dir, si el venciment anticipat s'ajusta a la nova regulació establerta en l'art. 24 LCCI.

SOBRE LA NUL·LITAT RADICAL, PER ABUSIVA, DE LA CLÀUSULA QUE EMPARAVA LA FACULTAT DE L'EXECUTANT DE DECLARAR EL VENCIMENT ANTICIPAT DE LA RELACIÓ LITIGIOSA.

La discussió es refereix a la clàusula que emparava la facultat de la creditora de declarar vençut el préstec que vol executar només que els deutors en deixessin de pagar una de les quotes en què s'havia dividit el període d'amortització previst en el contracte. Ens hem de plantejar si una clàusula com la que regulava el venciment anticipat en el contracte del qual parlem (Clàusula 7.1.1 ), que permetia la resolució immediata del vincle només que els deutors en deixessin de pagar una sola de les al·ludides quotes mensuals, era, en el context d'una relació jurídica la duració prevista de la qual era de 30 anys, desproporcionada.

I hem de concloure que, en efecte, la clàusula trencava, de forma desproporcionada, en perjudici dels deutors, que tenen la qualitat de consumidors, l'equilibri recíproc dels drets i obligacions derivats del contracte, i que, per tant, n'hem de declarar el caràcter abusiu, i l'hem de reputar nul·la de ple dret. Tot això dins el marc legal, inspirat en la directiva 93/13/CEE, que protegeix els consumidors davant les clàusules que fan servir els empresaris per regular amb subjecció a un estàndard els contractes d'un mateix tipus, protecció que esdevé necessària en la mesura que els primers només poden optar entre adherir-se al règim definit per les clàusules en qüestió o no subscriure la relació jurídica, sense la possibilitat de negociar-ne el contingut. La declaració de nul·litat radical d'una clàusula abusiva comporta, de conformitat amb el que disposa l' article 83 del TR de la Llei General per a la defensa dels consumidors i dels usuaris, l'eliminació de la clàusula en qüestió, sense que hi hagi la possibilitat d'integrar el contracte afectat amb l'aplicació d'una norma de dret supletori, tret que això resulti necessari perquè subsisteixi la relació jurídica i això sigui preferible per al deutor a la desaparició del vincle. No hem d'oblidar que aquesta disposició legal a què ens acabem de referir trasllada al nostre dret els principis de la Directiva 93/13/CEE, que han de ser interpretats en els termes que estableix el TJUE. La Sala Primera d'aquest Tribunal Europeu ha dit, per exemple, en el paràgraf 33 de la sentència amb què ha resolt, amb data de vint-i-u de gener de dos mil quinze, les qüestions prejudicials acumulades C-482/13, C-484/13, C-485/13 i C-487/13, que, tal com havia deixat dit en els apartats 82 a 84 de la seva sentència Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, la facultat de substituir la clàusula declarada nul·la per una norma de dret supletori nacional només resulta procedent quan és la via per assolir, en benefici del mateix consumidor, la subsistència del contracte, però no pas quan aquest pot romandre en vigor, en un marc d'equilibri de les prestacions recíproques, sense la clàusula abusiva. El mateix TJUE ha declarat, en la sentència que ha dictat, amb data de setze de juny de dos mil quinze, en el seu assumpte C-602/13, en resoldre, precisament, una qüestió prejudicial que li plantejava un jutge espanyol, que el fet que una clàusula no sigui aplicada de forma efectiva no impedeix que el jutge nacional, si la reputa abusiva, tregui totes les conseqüències necessàries d'aquesta consideració.

CONSEQÜÈNCIES DE LA NUL·LITAT D'AQUESTA MENA DE CLÀUSULES EN ELS PROCESSOS D'EXECUCIÓ.

Al respecte el Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem s'ha pronunciat ja dient:

'En aplicación de los criterios facilitados por el TJUE -en la STJUE de 26 de marzo de 2019 y los autos de 3 de julio de 2019- para determinar si es posible la subsistencia del contrato, la Sala entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato.

Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar estas consecuencias, el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013. No obstante, la Sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor.

Por último, la Sala facilita las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI (Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos: i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses. ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses) deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

CAS PRESENT

En el present cas l'executant va donar per vençut anticipadament el préstec (fet en data 14-8-2007, per un import de 310.000 euros i a retornar en 30 anys), en data 26-11-2014, per l'impagament de 9 mensualitats (de març a novembre de 2014) que suposaven 15.733,90 euros, el que suposa el 5,07% del capital concedit, impagaments que excedeixen el que el TS considera com incompliment greu per operar el venciment anticipat legal (més del 3%), per la qual cosa i conforme la Jurisprudència actual del TS,procedeix declarar la nul·litat de la Clàusula 7.1.1. del contracte (venciment anticipat pactat) però la continuació del present procediment per operar el venciment anticipat legal.

TERCER.-Es demana també la nul·litat per abusiva de la clàusula sòl prevista a la Clàusula 3.3, que fixa com a límit a l'interès remuneratori pactat (Euribor més 1 punt) un interès anual mínim del 5%, sòl aplicat entre febrer de 2009 i novembre de 2014.

DOCTRINA SOBRE LA CLÀUSULA SÒL

I) La STS de 9-3-2017 recorda que la ' sentencia 241/2013, de 9 de mayo , recoge la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparència aplicada a la cláusula suelo. Doctrina que ha sido corroborada por las sentencias 464/2014, de 8 de septiembre ; 138/2015, de 24 de marzo ; 139/2015, de 25 de marzo ; 222/2015, de 29 de abril , y 705/2015, de 23 de diciembre .

Conforme a esta jurisprudencia, el control de transparencia tiene su justificación en el art. 4.2 de la Directiva 93/13 , según el cual el control de contenido no puede referirse 'a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible'. Esto es, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente. '[El control de transparencia] como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del 'error propio' o 'error vicio', cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 'carga económica' que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la 'carga jurídica' del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo' ( sentencias 406/2012, de 18 de junio , y 241/2013, de 9 de mayo ).

3. Esta jurisprudencia se encuadra, en lo que respecta al fundamento y al alcance del control de transparencia, en la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), principalmente en la STJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kàsler ) y en las más recientes SSTJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo ) y 26 de enero de 2017 (caso Gutiérrez García ).

Para la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kàsler), 'la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical' (ap. 71), sino que 'esa exigencia debe entenderse de manera extensiva' (ap 72). En el caso al que se refería la STJUE, en que la cláusula controvertida contenía un mecanismo de conversión de la divisa extranjera, el TJUE concluye: '75 (...) la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible gramaticalmente se ha de entender como un obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la clàusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo'.

Por la su parte, la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo ), después de recordar que 'el control de transparencia material de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato procede del que impone el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 ' (ap. 49), añade: '50 Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información (sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11 , EU:C:2013:180 , apartado 44).

'51 Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular'.

La reciente STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus (C-421/14 ), explicita la consecuencia o efecto de que una determinada cláusula, referida al objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, no pase el control de transparencia: '62 (...) según el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 , las cláusulas que se refieran a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarle como contrapartida, por otra -cláusulas comprendidas en el ámbito regulado por esta Directiva-, sólo quedan exentas de la apreciación sobre su carácter abusivo cuando el tribunal nacional competente estime, tras un examen caso por caso, que han sido redactadas por el profesional de manera clara y comprensible (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13 , EU:C:2014:282 , apartado 41, y de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14 , EU:C:2015:447 , apartado 50).

[...]

'67 (...) En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que una cláusula contractual relativa al modo de cálculo de los intereses ordinarios, como la controvertida en el litigio principal, no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva (...)'. 4. Como venimos entendiendo desde la sentencia 241/2013, de 9 de mayo , la cláusula suelo forma parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario, y por ello del objeto principal del contrato.

La ratio de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo , era básicamente que la ausencia de una información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias en el caso en que bajara el tipo de referencia más allá de aquel límite, y la inclusión de tal cláusula en el contrato de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de cláusulas financieras, provoca una alteración subrepticia del precio del crédito, sobre el que los prestatarios creían haber dado su consentimiento a partir de la información proporcionada por el banco en la fase precontractual. De tal forma que un consumidor, con la información suministrada, entendería que el precio del crédito estaría constituido por el tipo de referencia variable más el diferencial pactados.

Si partimos de la base de que, incluso en los contratos de adhesión con consumidores, rige la autonomía de la voluntad de los contratantes respecto del precio y la contraprestación, esto presupone la plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado, para lo cual es preciso que el consumidor tenga un conocimiento cabal y completo del precio y de las condiciones de la contraprestación antes de la celebración del contrato. Como explica la doctrina, la regla de la irrelevancia del equilibrio económico del contrato sufre un cambio de perspectiva cuando esta parte del contrato no puede ser suficientemente conocida por el consumidor. En caso de que por un defecto de transparencia las cláusulas relativas al objeto principal del contrato no pudieran ser conocidas y valoradas antes de su celebración, faltaría la base para la exclusión del control de contenido, que es la existencia de consentimiento.

Por eso, el control de transparencia a la postre supone la valoración de cómo una cláusula contractual ha podido afectar al precio y a su relación con la contraprestación de una manera que pase inadvertida al consumidor en el momento de prestar su consentimiento, alterando de este modo el acuerdo económico que creía haber alcanzado con el empresario, a partir de la información que aquel le proporcionó'.

Així el TS ha reiterat que l'abusivitat solament procedeix quan la clàusula contractual no supera el doble control de transparència, de manera que, en primer lloc, s'ha d'examinar si gramaticalment és clara, concreta i senzilla, de manera que s'ha d'examinar si l'executat l'ha pogut conèixer quan va fer el contracte. Ara bé, en segon lloc, 'que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación -en adelante, LCGC). Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio. (...) En el caso concreto de las cláusulas suelo, dijimos en la Sentencia 241/2013, de 9 de noviembre , que debe existir una proporción entre la 'comunicación' que haya hecho el predisponente del contenido de la cláusula y 'su importancia en el desarrollo razonable del contrato'. Y constatamos, en ese y en los demás casos sometidos posteriormente a nuestra consideración, que se daba a la cláusula suelo una relevancia 'secundaria': '(las) propias entidades les dan un tratamiento impropiamente secundario, habida cuenta de que las cláusulas 'no llegaban a afectar de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios', lo que incide en falta de claridad de la cláusula, al no ser percibida por el consumidor como relevante al objeto principal del contrato'. La razón de que la cláusula suelo deba ser objeto de una 'especial' comunicación al cliente es que su efecto -más o menos pronunciado según los tipos en vigor y según la 'altura' del suelo- es que 'convierte un préstamo a interés variable en un préstamo a interés mínimo fijo, que no podrá beneficiarse de todas las reducciones que sufra el tipo de referencia (el euribor)'. Es decir, la cláusula suelo puede inducir a error al cliente sobre un aspecto fundamental del contrato y levarle a adoptar una decisión irracional, esto es, elegir una oferta cuyo tipo variable es inferior pero que, por efecto de la cláusula- suelo, en realidad lo es a un tipo superior durante la vida del contrato que otra oferta el mercado a tipo variable 'puro' con un diferencial superior, pero que se aprovecha de las bajadas en el tipo de referencia ilimitadamente'( STS 23-12-2015).

II) Respecte dels efectes de la declaració de nul·litat, la STS 24-2-2017 estableix que, ' en la STJUE de 21 de diciembre de 2016 queda claro que cualquier limitación temporal de los efectos restitutorios tras la declaración de abusividad de la cláusula litigiosa infringe el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y que la consecuente obligación de devolución de las cantidades indebidamente cobradas no permite matiz alguno, so pena de no garantizar los derechos del consumidor afectado e infringir el art. 7.1 de la misma Directiva.

3.- En consecuencia, procede modificar la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de la denominada cláusula suelo, toda vez que la citada STJUE de 21 de diciembre de 2016 ha considerado que:

a) La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las clàusules suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013 , se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y equivale a privar con carácter general, a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.

b) Dicha jurisprudencia nacional sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo; y tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE '.

Així doncs, conforme els criteris jurisprudencials exposats, la declaració de nul·litat de la clàusula sòl produirà efectes retroactius a totes les quotes en que s'hagués aplicat, tenint una retroactivitat total. Tal eficàcia retroactiva no és contrària a l' art. 695.1.4 LEC, ja que la nul·litat de la clàusula sòl afecta directament a la quantitat exigible objecte del present plet d'execució hipotecària.

CAS PRESENT

En el present cas, en el contracte de préstec es varen fixar uns interessos remuneratoris variables, però pactant també en la Clàusula 3.3, com a límit a l'interès remuneratori variable pactat (Euribor més 1 punt), un interès anual mínim del 5%.

Si bé la clàusula contractual és gramaticalment clara, resulta, però, que tal clàusula tenia un desequilibri a favor del banc, ja que tal clàusula deixava pràcticament sense efecte l'oscil·lació dels interessos variables que es pactaven, i fins i tot el topall del 5% era superior al 4,95% que es va pactar com a fix pel primer període, per la qual cosa és una clàusula perjudicial pel prestatari consumidor.

Per tant, procedeix declarar la nul·litat per abusiva de la clàusula sòl, de manera que l'executant ha de presentar nova liquidació del préstec en què l'interès ordinari es calculi com si mai hagués existit el límit de la clàusula sòl.

QUART.-Es demana també la nul·litat per abusiva de la clàusula dels interessos de demora pactats a la Clàusula 6 de 10 punts per sobre dels remuneratoris, havent-se liquidat i reclamat el 12% per tal concepte.

La STJUE de 7-8-2018, que avala el que havia establert el TS al respecte, diu: ' La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio.

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato'.

Per tant, els interessos de demora, tant els pactats com els liquidats i reclamats, s'han de considerar abusius al excedir en més de 2 punts els remuneratoris (que són l'Euribor més 1 punt),sent doncs nuls, de manera ques'haurà de continuar amb l'execució però pagant els ordinaris o remuneratoris pactats fins al complet pagament del deute.

CINQUÈ.-Es demana, finalment, la declaració de nul·litat de les clàusules de comissió per reclamació de quotes vençudes, despeses a càrrec del prestatari, capitalització d'interessos i fiança.

En el present procediment d'execució hipotecària es podia presentar oposició solament pel caràcter abusiu d'aquelles clàusules contractuals que constitueixen el fonament de l'execució o que determinen la quantitat objecte de la mateixa ( art. 695.1.4 LEC), quedant excloses, per tant, al no reclamar-se en la present execució, les que aquí s'al·leguen, per la qual cosa res s'ha de resoldre al respecte.

SISÈ.-Conforme als arts. 394 i 398 LEC, en estimar parcialment el recurs, no es fa imposició de les costes del mateix. A més de ser aquesta una qüestió sobre la que han existit serioses dubtes de dret que obliguen a no fer imposició de costes en cap instància.

Fallo

ESTIMEM parcialmentel recurs d'apel·lació interposat per Violeta contra Interlocutòria del Jutjat de 1a Instància 8 de Tarragona de data 12-1-2018, en procediment d'Execució hipotecària 251/17, que es REVOCA, fent les següents declaracions:

1.- Estimem parcialment l'oposició a l'execució i declarem la nul·litat de:

a) LaClàusula 7.1.1 del contracte (venciment anticipat pactat) però ordenem la continuació del present procediment per operar el venciment anticipat legal.

b) La Clàusula 3.3 (clàusula sòl), de manera que l'executant ha de presentar nova liquidació del préstec en què l'interès ordinari es calculi com si mai hagués existit el límit de la clàusula sòl.

c) La Clàusula 6 (interessos moratoris), havent-se de pagar els ordinaris o remuneratoris pactats fins al complet pagament del deute, havent de presentar l'executant nova liquidació de tals interessos.

2.- No fem imposició de costes del incident d'oposició en primera instància.

3.- No fem imposició de costes d'aquest recurs.

Retorneu les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni de la present resolució, i demaneu d'aquell rebut.

Així ho acordem, manem i signem.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials, que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).


Auto CIVIL Nº 57/2020, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 384/2018 de 13 de Febrero de 2020

Ver el documento "Auto CIVIL Nº 57/2020, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 384/2018 de 13 de Febrero de 2020"

Acceda bajo demanda

Accede a más de 4.000.000 de documentos

Localiza la información que necesitas

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

La ejecución dineraria e hipotecaria en clave práctica
Disponible

La ejecución dineraria e hipotecaria en clave práctica

Adrián Gómez Linacero

13.60€

12.92€

+ Información

Manual sobre Derecho bancario y consumidores
Disponible

Manual sobre Derecho bancario y consumidores

V.V.A.A

17.00€

16.15€

+ Información

Cláusula de comisión de apertura en préstamos hipotecarios. Paso a paso
Disponible

Cláusula de comisión de apertura en préstamos hipotecarios. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

12.75€

12.11€

+ Información

Reclamación de gastos hipotecarios. Paso a paso
Disponible

Reclamación de gastos hipotecarios. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

17.00€

16.15€

+ Información